800 días de asedio al palangre gallego

El veto a la pesca de fondo en las 87 áreas implantado por la Comisión Europea en el Atlántico Norte cierra su segundo curso completo con un impacto económico demoledor para la flota palangrera gallega. Las capturas han caído más de un 30% desde la entrada en vigor de la restricción el 9 de octubre de 2022, hace ya más de 800 días, y esta merma ha puesto en entredicho la viabilidad de múltiples armadores, asediados por la falta de rentabilidad de su actividad en un contexto en el que, si bien los precios del pescado han subido por la inflación y su escasez, lo han hecho más los costes operativos. El sector despide un 2024 para olvidar y afronta un 2025 complicado —este año todavía habrá menos merluza, clave para Galicia, por el tijeretazo del 20% en la cuota en Gran Sol—. Al gremio solamente le queda rezar y aferrarse a un sueño: la sentencia que próximamente emitirá la Justicia europea, que acapara la atención de medio litoral comunitario porque puede revertir la situación para este arte.

Grosso modo, siempre en función del tamaño, cada barco está pescando 200.000 kilos menos anualmente, sino más, que antes de la implantación de la medida, polémica por no haber tenido en cuenta su pronunciado efecto negativo en las cuentas de las pesqueras y basarse en información científica obsoleta. Un batacazo directo, de lleno, para el norte de la comunidad gallega, que ha absorbido buena parte del golpe.

La pesca dice basta a Europa

Tanto en Celeiro como en Burela, los concellos más representativos del palangre gallego junto a Vigo, A Guarda y Marín, la situación ha sido y sigue siendo límite. Si bien en el primer municipio la mayoría de los buques han optado por reconvertirse a la pesca con volanta, en el segundo el cambio no ha sido viable. De las 19 embarcaciones de la OPP de Burela, la única de toda Europa que se ha atrevido a recurrir la prohibición de la Comisión Europea, solo hay un volanteiro, puesto que esta modalidad requiere mayor disponibilidad de cuota para ser rentable. Sergio López, gerente de la organización pesquera, recuerda que el veto en las 87 áreas entró en vigor con el compromiso de Bruselas de revisar el reglamento cada año y contemplar en dicha revisión datos actualizados y cualquier error detectado, pero «hasta ahora no se ha cumplido». A pesar de la promesa de Charlina Vitcheva, directora general de la DG MARE, han pasado más de dos años ya y no se ha corregido deficiencia alguna en la delimitación de los polígonos.

«A día de hoy seguimos operando bajo las mismas restricciones, a pesar de las evidencias de fallos en la metodología aplicada», remarca López. El futuro de la normativa dependerá ahora de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea. La OPP de Burela, —con la Xunta de Galicia como parte coadyuvante— y el Gobierno de España presentaron sendos recursos contra la norma, alegando desaciertos técnicos en el proceso de consulta, desproporcionalidad en la aplicación de las medidas y vulneración de derechos fundamentales de las pesqueras y los pescadores europeos. La sentencia, cuya resolución se esperaba para finales de 2024, llegará como pronto al término de este mes de enero, ya que antes de que se oficialice se dará publicidad a su publicación durante un plazo aproximado de tres semanas.

«Ahora vale más la vida de un coral que la de un pescador»

«Bruselas sabe que cometió errores en el proceso y que esta sentencia podría marcar jurisprudencia a nivel europeo, lo que creemos que ha ralentizado la revisión normativa», añade López, algo que también extiende a la llegada del veredicto, que en lugar de tres jueces correrá a cargo de cinco. A Burela llaman periódicamente asociaciones de armadores de otros puertos europeos, también afectados, para conocer de primera mano las últimas novedades del proceso judicial, que de ser favorable para el sector eliminaría la restricción espacial que cerca al palangre y podría obligar además a Europa a indemnizar a la flota lucense, abriendo la puerta a una reclamación masiva de otras organizaciones palangreras afectadas.

Un año decisivo

Hay muchas esperanzas depositadas en la sentencia del TGUE, pero la situación podría agravarse aún más: el Ejecutivo comunitario está evaluando cinco escenarios que ampliarían las áreas prohibidas de las 87 actuales a más de 100. Aunque las nuevas zonas serían más pequeñas, esto podría generar un efecto incluso más perjudicial para las flotas, al incrementarse las áreas de protección y dificultar aún más la operativa pesquera. En paralelo a ello, el impacto socioeconómico del veto a la pesca de fondo está siendo analizado por el Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (Stecf), cuyo informe se espera para marzo.

Dependiendo de los resultados, la Comisión podría plantear una revisión normativa para finales del próximo año. Habrá que ver, no obstante, qué es lo que dispone la sentencia. «La viabilidad de muchas empresas está en entredicho. Si las restricciones se mantienen o se endurecen, muchas no podrán continuar operando», advierte López, recordando que el estudio encargado por la OPP de Burela a la Universidade de Santiago de Compostela (USC) concluyó que la norma, mantenida en el tiempo, conduce a las empresas a pérdidas y hace imposible su actividad.

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