Cuando Daniel Aritonang viajó desde su Indonesia natal a Busán (Corea del Sur), en septiembre de 2019, lo hizo bajo la promesa de que se alistaría en un pesquero de capital coreano. Tenía 18 años. Al llegar al puerto le ordenaron embarcar en un herrumbroso potero chino de 63 metros de eslora, el Zhen Fa 7, para faenar en aguas internacionales, a más de un mes de ruta de cualquier terruño. A bordo se hizo amigo de un joven de nombre Heri Kusmanto, cantarín y extrovertido al principio, pero laminado después a «palizas» y consumido por la inanición. Heri quedó sin habla. Enfermó de beriberi, una patología que surge de la deficiencia de la vitamina B1 y vinculada a situaciones de cautiverio; en ese barco –y en buena parte de esta flota de larga distancia– solamente se comía arroz blanco y fideos de cocción instantánea.
Este caso, entre otros muchos, consta en un trabajo de investigación del director de The Outlaw Ocean Project, Ian Urbina, quien lo relató en una comisión del Senado estadounidense en octubre de 2023. «Mi equipo y yo encontramos dos decenas de casos de trabajadores que sufrieron síntomas asociados al beriberi; al menos quince murieron». Detectó un patrón en los buques chinos: de los 751 poteros registrados con pabellón de este país –operan mayoritariamente sin control en aguas internacionales, colándose dentro del espacio territorial argentino o peruano–, 357 «estaban relacionados con violaciones a los derechos humanos y al medio ambiente». Solo en 2022 y 2023, de acuerdo a las cifras oficiales facilitadas por el departamento de comercio exterior de la ONU (Comtrade), China facturó 5.903 millones de dólares (5.620 millones de euros, al tipo actual de cambio) en la exportación de calamar y pota; España se gastó 174 millones de dólares (166 millones de euros, al cambio actual) en adquirir estos productos; sale a millón y medio de euros por semana. Porque las pesqueras de China no tienen ninguna limitación para la venta de sus productos a la Unión Europea, sea cual sea su operativa y hayan sido multadas por trabajos forzados a bordo o depredación. Ni siquiera constan apercibimientos, como los que sí existen para las de Ecuador o Vietnam por la laxitud de sus gobiernos frente a las actividades de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU, por sus siglas en inglés). Por eso estos dos últimos son mercados señalados con tarjeta amarilla por parte de Bruselas. El anterior comisario de Pesca y Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, rechazó la posibilidad de amonestar también al gigante asiático y defendió públicamente los «extraordinarios esfuerzos» de Pekín por la sostenibilidad del sector.
El antes risueño Heri Kusmanto abandonó el potero en un puerto peruano, enfermo; Daniel Aritonang falleció amoratado, muy lejos de su hogar y de sus sueños de hacer un dinero en alta mar. A través de fabricantes como Shandong Haidu Ocean Product y Rongcheng Haibo Seafood, las capturas del Zhen Fa 7 llegan a los supermercados de la península vía, al menos, cuatro comercializadoras españolas. El trabajo esclavo en las cestas de la compra de la férrea –solo para con sus pescadores– Europa.
La expansión y la dieta
En el año 1986 España se incorporó a la entonces Comunidad Económica Europea (CEE), que ya tenía un sistema de reparto de cuotas –denominado criterio de estabilidad relativa– basado en las capturas denominadas históricas y establecido en 1981 bajo las directrices de Margaret Thatcher y Valery Giscard d’Estaing. Así que la pesca española entró en este club con calzador, adaptándose por los recovecos de aquel sistema que privilegiaba –todavía lo hace, el criterio de estabilidad relativa sigue vigente– a Francia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Alemania (RFA) y Reino Unido. A la flota española, con la mayor capacidad del continente pese al adelgazamiento al que se vio sometida para entrar en la CEE, le quedaron las migajas. Un ejemplo: Bélgica, con apenas 60 buques de pesca activos –de un total de 65, constata el último informe oficial de la Comisión Europea (2024)– genera más rentabilidad por tripulante que España, con más de 8.500 pesqueros. En porcentajes: la flota de pabellón español tiene en torno al 24% de toda la capacidad instalada, pero apenas un 7% de posibilidades de capturas.
La inflexible dieta prescrita desde Bruselas no ha permitido jamás, desde aquel momento, ningún desliz hipercalórico: la flota ha ido siempre a menos desde entonces. Antes de entrar en la disciplina comunitaria, y como consta en los registros de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los pesqueros españoles se anotaban 1,113 millones toneladas anuales en capturas. Las últimas cifras disponibles son las del ejercicio 2022 y reflejan las estrecheces a la actividad: 743.571 toneladas, el umbral más bajo de su historia. Pesqueros de reciente construcción –Jomafran (Huelva, 2017), Mercedes Emilia (Vigo, 2018) o Manolo del Terín (Vigo, 2016)– son solo tres de las últimas unidades que han abandonado el pabellón español y las aguas comunitarias ante la imposibilidad de ser rentables; ahora trabajan en África con banderas de Marruecos y Namibia.
No existe un ejercicio de contrición desde las autoridades comunitarias, bajo el pretexto inexpugnable de la protección medioambiental, y pese a que ha adoptado decisiones de enorme calado aún sin disponer de información científica, de impacto socioeconómico y con graves errores de batimetría, como demostró FARO con el veto a la pesca de fondo, judicializado ahora en el Tribunal Europeo a iniciativa del Reino de España y la flota lucense. Y, en paralelo, continúa a pasos plomizos la expansión de flotas como la china o de países sancionados oficialmente por pesca ilegal, como es el caso de Vietnam. Aunque las estadísticas reflejan un descenso en el número de buques de China (se estiman en 17.000), el análisis de los datos por capacidad –se expresa en toneladas de arqueo bruto o gross tonnage (GT)– desmiente este aparente repliegue. Sin dejar de tener en cuenta, eso sí, la extrema dificultad de contar con cifras creíbles para esta flota en particular.
Hay que acudir a los análisis de la OCDE para disponer de los baremos en GT: China ha pasado de 7,61 millones de toneladas GT de capacidad a superar los 10 millones en el plazo de veinte años (2000-2020). Estos 2,5 millones más de GT equivalen a más de siete veces la capacidad total de los pesqueros españoles. Si China ha ganado un 32% de espacio en las bodegas de sus barcos, España ha hecho el camino inverso dejándose el 36,7% de su capacidad en las mismas dos décadas. ¿Resultado? La entrada de pescado a la industria procesadora o a los supermercados españoles, solo desde China, Vietnam y Rusia, ha pasado de las 55.700 toneladas del año 2000 a las 125.000 de 2023.
A la morgue
Por favor, tengo miedo. ¿Dónde están mis amigos?–, preguntó el joven Daniel Aritonang después de ser trasladado al puerto de Montevideo en una zodiac desde el Zhen Fa 7 y abandonado semiinconsciente. Fue atendido en el Sanatorio de Casa de Galicia, construido en la ciudad porteña en 1917 por emigrantes gallegos. «Con miedo», alcanzó a repetir a los médicos utilizando un traductor de móvil. Sufrió fallo hepático, tenía deterioro en la función renal, derrame pleural y pericárdico, consta en el informe de la autopsia, divulgado por el equipo de Urbina. Falleció a las 11 de la mañana del 8 de marzo de 2021. Daniel tenía 20 años.
«No han recibido ninguna evidencia sobre actividades ilegales no declaradas y no reglamentadas a gran escala por parte de buques con pabellón de China», respondía por escrito, un año más tarde, el comisario Sinkevicius a una pregunta de eurodiputados de izquierdas sobre la necesidad de poner coto a la actividad de esta flota. En Bruselas, con la afiladora fresca tras el último tijeretazo en cuotas para aguas comunitarias, no la han encontrado.
