Carmen en un mar de trámites

Mari Carmen Fernández Vázquez (Cangas, 1980) desapareció de a bordo del buque oceanográfico García del Cid, adscrito a la flota del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) entre las 23:45 horas del 9 de septiembre y las 07:45 horas del día 10. Aquella mañana, según las explicaciones aportadas por el Gobierno a Congreso y Senado, ya no estaba en su camarote individual. Han pasado 440 días. Pero, a efectos legales, esta tripulante, camarera a bordo, continúa viva. Simplemente «ausente». No hubo naufragio, así que la solicitud cursada por la familia para poder decretar su fallecimiento está atascada en un mar de complicaciones legales. «Estamos en esa pelea», explica su abogado, Diego Leis. «Se han presentado los papeles pero estamos pendientes de resolución. Es un tema complicado». En una libreta hallada junto a su catre dejó escrito: «Nadie hace nada. Si no me encontráis, me tiré por la borda. Os quiero».

Si el buque oceanográfico hubiese sufrido un naufragio, por ejemplo, habría bastado con ocho días de plazo. Lo determina el artículo 194 del Código Civil. «Procede la declaración de fallecimiento [...] de los que no se tuvieren noticias después de que resulte acreditado que se encontraban a bordo de una nave cuyo naufragio o desaparición por inmersión en el mar se haya comprobado [...] luego que hayan transcurrido ocho días». No fue el caso, por fortuna, del García del Cid. «Como aquí no hay ese naufragio —prosigue Leis—, en principio no hay encaje legal para declararla fallecida de momento. Pero lo estamos peleando». La literalidad de la legislación en vigor podría retrasar el proceso toda una década. El artículo 193 del Código Civil fija, en particular, que esa declaración de fallecimiento procede «transcurridos diez años desde las últimas noticias habidas del ausente, o, a falta de éstas, desde su desaparición».

Un manto de silencio sobre el «García del Cid»

Por este motivo, el juzgado de Instrucción de Gandía ha rechazado la petición de la familia de gestionar formalmente su deceso; ha formulado recurso ante la Audiencia Provincial de Valencia. «Somos nosotros, en este caso, los que estamos forzando un poco la interpretación [de la ley en vigor] para acortar los plazos». Ambas salas —en primera instancia, primero, y tras un recurso, después— fueron las que cerraron la causa penal por la desaparición de Carmen, si bien, como ha denunciado siempre su abogado, sin haber realizado una sola diligencia en sede judicial, como la toma de declaración a todas las personas que estaban embarcadas aquel fin de semana. El auto de sobreseimiento determinó que no aparecía «debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa». El hecho de que Carmen no haya sido declarada fallecida impide que los hijos —tenía tres, dos de ellos menores cuando desapareció— puedan percibir pensiones de orfandad. La familia está gestionando todo el proceso con el Instituto Social de la Marina (ISM), como ya explicó FARO, que ha investigado este suceso desde el primer día, al no corresponder al CSIC.

La institución abrió, en 2019, un expediente disciplinario (número ED 2019/02) contra otro tripulante del García del Cid después de que Carmen hubiese denunciado una agresión sexual, con penetración, a bordo. La demanda sería retirada en junio de 2020 tras un acuerdo de conformidad. Tras haber permanecido tres años de baja médica la mujer se reincorporó al barco —realizó antes un curso contra acoso sexual—, aunque su familia siempre ha insistido en que había pedido al CSIC un cambio de buque. No sucedió. El varón denunciado no estaba a bordo en la fecha del suceso; el oceanográfico irá a desguace y su plantilla, despedida.

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