El cierre a la pesca en Malvinas coincide con una revisión en el pago de licencias

La cancelación de la segunda campaña de calamar Loligo en aguas de Malvinas (Falklands) es todo un varapalo para la flota gallega. Los 16 grandes arrastreros que cada año participan en la pesquería --y que ya se desplazaron al duro mar del Atlántico suroccidental con la idea de iniciar la pesca-- se ven ahora ante la difícil papeleta de solucionar lo que resta de año, que no es poco. Las armadoras, que están digiriendo la inversión acumulada de casi 240 millones de euros en nuevos buques, tendrán que sacar el máximo partido posible a las 47.500 toneladas capturadas en la primera zafra del curso. Y todo ello en un momento en el que industria y Gobierno isleño tramitan un nuevo sistema para el pago de licencias, que en el caso de los buques con base en Vigo o Marín está en máximos históricos tras el alza del 22% aplicado, precisamente, para este año.

La Asamblea Legislativa, órgano que dirige el archipiélago, y la Asociación de Empresas Pesqueras de las Islas Falkland (Fifca, en inglés), que aglutina a las armadoras socias de las firmas gallegas, llevan desde el año pasado trabajando en una revisión del sistema de licencias que cada año abonan para poder participar en la pesquería. Cada año, discusión mediante, se revisa el coste y para este 2024 se había adoptado un alza del pago hasta un importe conjunto de 16,6 millones de euros.

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Poco antes de que diese comienzo la evaluación científica que finalmente desembocó en el cierre de la pesca antes incluso de que diese comienzo, el departamento de Recursos Naturales de Malvinas presentó al Consejo Ejecutivo el documento que recoge las “opciones a considerar y plan del proyecto” para la revisión de estas tasas de acceso que se pagan para el Loligo y otras especies. En él se presentan los pasos a seguir y se da recomendación de aquellas alternativas al sistema actual a tener en cuenta.

El departamento, dirigido por Andrea Clausen y bajo responsabilidad de Teslyn Barkman (miembro de la Asamblea Legislativa que custodia esta cartera), recogió en el informe el trabajo realizado desde mediados del pasado año y presenta las nueve opciones elegidas para cambiar el mecanismo actual, de las que dos “o máximo tres” pasarán el corte para ser analizadas en mayor profundidad a partir de ahora.

Dejando de lado la primera opción, que recomienda “no hacer nada” y dejar el sistema como está, desde Recursos Naturales apuntan a tres opciones claras. La primera es la número 3, dejaría el mismo sistema, “con la salvedad de que se añadiría un pago compensatorio para garantizar que se alcance con precisión un objetivo determinado de canon como porcentaje del volumen de negocios”, que sería decidido “por los responsables políticos.

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En lo que responde a la opción 4, otra de las elegidas, el documento señala que el Gobierno malvino “podría optar por eximir al sector pesquero del impuesto de sociedades y recaudar todos los ingresos únicamente de la tasa de acceso”, algo que entienden como “factible”.

La última elegida es la número 5, que presenta dos opciones, una en la que se incorpora un pago de compensación basado en los beneficios y otro en el que las armadoras pasarían a entrar en un régimen fiscal especial basado únicamente en la renta de los recursos, generar ingresos para las islas “únicamente a través de la tributación de los beneficios”.

El nuevo sistema entrará en vigor en 2026

En el cuanto al plan elegido, el departamento entiende que lo mejor es fijar un sistema con cuatro patas para una mayor implicación de los afectados y los que son partícipes de la toma de decisiones. Así, la Fifca y Recursos Naturales forman parte del grupo consultivo, mientras que también se creará uno formado por expertos externos expertos en economía y pesca. El resto lo forman los distintos estamentos del Gobierno de Malvinas.

Una vez se reúnan todas las partes, está previsto que hacia noviembre de este año se decida la opción final elegida para el nuevo sistema, así como un análisis de los resultados previstos y su plan de aplicación. Para entonces, la flota todavía no habrá podido salir a pescar el calamar Loligo, ya que no podrán hacerlo (si anda cambia) hasta la primera campaña de 2025. Eso sí, la implementación definitiva del nuevo procedimiento para el cálculo de las licencias no se espera hasta 2026.

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