La flota de Gran Sol deja de ingresar 10 millones al año tras el veto de Bruselas

Los efectos del veto a la pesca de fondo en las 87 zonas del Atlántico Norte se notan en el mar y a pie de lonja. Las secuelas son más que evidentes para la flota –que hasta el 9 de octubre de 2022 pudo faenar con libertad en el caladero de Gran Sol– y afectan indiscriminadamente a las principales especies de las que se nutre. Son la merluza, el rape o el gallo, que en este último año y medio han experimentado un importante retroceso no solo en sus capturas, sino también del retorno que dejan en la comunidad autónoma. En el caso del rapante, la más perjudicada, sus descargas se han reducido en el Puerto de Vigo un tercio –894.818 kilos en el primer cuatrimestre de 2024– y los ingresos obtenidos con su venta en más de un 21% –1,22 millones menos en comparación al periodo previo a la medida de Bruselas–.

Si se toman como referencia los primeros cuatro meses del ejercicio actual y se echa la vista atrás hasta antes de la restricción, los números arrojan el impacto real en los pesqueros de Galicia. Los barcos dejaron de ingresar 3,3 millones –una media de 27.780 euros diarios– con el gallo como gran perdedor –con el que se ha dejado de ganar cerca de dos millones al venderse en lonja 444.223 kilos menos–. Le siguen la merluza –con la que se ha dejado de ganar 1,19 millones al pescarse 297.579 kilos menos– y el rape –con el que se ha dejado de ganar 136.000 euros al venderse 26.700 kilos menos–. Al año, los ingresos que se han perdido por el camino ascienden a 10 millones.

El palangre gallego se cambia al enmalle para esquivar el veto a la pesca de fondo

Esa sangría la probará hoy la pesca gallega en Luxemburgo, sede del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE). El alto tribunal comunitario pasará vista a los dos recursos presentados contra el veto a la pesca de fondo de la Comisión Europea, tanto el realizado por Madre Querida SL y 15 empresas más con base en Lugo, bajo el paraguas de la Organización de Productores Pesqueros del Puerto de Burela (OPP-7) –la Xunta actúa como parte coadyuvante–, como el presentado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Un estudio del Europarlamento aprueba ahora el palangre para áreas protegidas

“Estamos convencidos de nuestros argumentos. Si no lo creyéramos, no estaríamos metidos en esto”, señaló ayer en declaraciones a FARO el gerente de la asociación de pescadores lucense, Sergio López. Tras confirmar que el impacto general en las capturas ronda el 30%, tratarán de justificar hoy su “disconformidad” con el reglamento de Bruselas al considerar que la prohibición “es ilegal por discriminatoria y desproporcionada”.

Críticas también en Vigo

Desde la ciudad olívica, donde la medida de la Comisión Europea también ha impactado con fuerza, además de en el norte gallego, el gerente de la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo (ARVI), Edelmiro Ulloa, recordó también este miércoles que la restricción se adoptó sin haberse sometido previamente “a las adecuadas evaluaciones socioeconómicas e incluso de realidad científica”. “Es muy difícil seguir adelante con una actividad económica que genera riqueza y aporta alimento sostenible y deficitario en la Unión Europea cuando el Ejecutivo comunitario es ajeno e insensible a la realidad de los ciudadanos y empresas europeas”, señaló a renglón seguido.

Además de las consecuencias directas del veto a la pesca de fondo, que a sus ojos ha generado “una traba adicional a la operativa habitual del conjunto de la flota que opera en el Gran Sol y otras áreas afectadas por estos cierres y con ello una reducción de las capturas desembarcadas”, criticó las consecuencias indirectas, referidas a “la desconfianza e inseguridad jurídica” que se instala en el sector.

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