Pesca europea
La flota cuestiona la ley de la naturaleza y su excusa “artificial” para cerrar más caladeros
Europêche denuncia la falta de ayudas para adaptarse a las medidas ambientales de Bruselas: “Esperar que los pescadores alcancen objetivos poco realistas con una financiación limitada, especialmente en un entorno económico difícil, es absurdo"

Pesqueros “Armaven-Uno” y “Novaya Zemlya” descansando en el muelle de Beiramar (Vigo). / Ricardo Grobas
“Una vez más, la Unión Europea está dispuesta a limitar su producción de alimentos sin siquiera considerar las consecuencias, internas y externas, de tales decisiones”. Con esas palabras se pronunció ayer Europêche, organismo representativo de la industria pesquera europea, en un contundente comunicado que llegó a raíz del primer acuerdo alcanzado sobre la controvertida ley de restauración de la naturaleza. A ojos de la patronal, preocupa el “alcance artificialmente ampliado” de la nueva norma, que resultará en más cierres de caladeros como ya ocurrió con las 87 áreas que Bruselas vetó a la pesca de fondo hace poco más de un año. El objetivo del Reglamento, que sigue dando pasos para hacerse realidad tras el pacto alcanzado a última hora del jueves entre el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, con España en la presidencia, pasa porque los Veintisiete restauren al menos el 20% de las áreas marinas para 2030. Y todos los ecosistemas que necesiten restauración para 2050.
Estas metas carecen de sentido para Europêche por varias razones, entre ellas la falta de rigor científico a la hora de analizar las necesidades medioambientales de los ecosistemas marinos y así determinar su protección. Conforme indica la entidad, la Comisión Europea reconoce, según la Directiva sobre hábitats de la UE, que menos del 2% de las zonas necesitan ser restauradas. No obstante, y “sin ninguna justificación” al respecto, en el mismo documento se contradice para proponer multiplicar por 10 las demarcaciones que necesitan ser restauradas (hasta el 20% de los mares).
“Los Estados miembros gastarán tiempo y millones de euros en identificar y restaurar artificialmente zonas que no necesitan restauración. El sector también sufrirá las consecuencias de cierres de zonas adicionales no solicitados”, advierte la organización, defensora de los intereses de los pescadores y armadores a nivel comunitario. En esta línea, dejando claro que la medida pondrá una vez más a la flota “en desventaja competitiva”, la patronal hace hincapié que “uno de los problemas fundamentales de esta ley es la absoluta falta de una evaluación de impacto socioeconómico”.
Además de criticar la “ausencia total” de una evaluación de costes y beneficios, el organismo que representa a la industria pesquera europea denuncia la falta de ayudas para adaptarse a las medidas ambientales que impone Bruselas, como los propósitos de la nueva norma: “El sector pesquero de la Unión Europea ya está bajo una presión significativa para descarbonizar, minimizar su huella y soportar el cierre de caladeros tradicionales. Esperar que los pescadores alcancen objetivos poco realistas con una financiación limitada, especialmente en un entorno económico difícil, es absurdo y contraproducente”.
Para Daniel Voces, director general de Europêche, el Reglamento solo debería entrar en vigor cuando la Comisión Europea proporcione datos científicos sólidos sobre el impacto de la medida en el suministro y los precios de los productos del mar, el coste que generará a los propietarios de las embarcaciones y los caladeros que se verán afectados. De igual modo, considera que las ambiciones políticas requieren de una financiación adecuada, pues la propuesta no asegura la creación de un fondo específico, “sin el cual las metas serán inalcanzables y la política fracasará”.
Del mar a la tierra
Con la aplicación de la ley de restauración de la naturaleza, al menos el 30% de los ecosistemas europeos deberán estar en buenas condiciones para 2030, incrementándose al 60% en 2040 y al 90% en 2050. El texto legislativo, que atañe a los hábitats marinos, contempla también actuaciones en tierra, con los mismos horizontes que el mar.
Entre ellas, los Estados miembros tendrán que llevar a cabo diversas acciones para lograr una tendencia positiva en varios indicadores de los ecosistemas forestales y agrícolas en 2030. También se deberán plantar 3.000 millones de árboles más en la UE, restaurar al menos 25.000 kilómetros de ríos para que fluyan libremente y garantizar que para 2030 no habrá una pérdida neta en el área nacional total de espacios verdes urbanos, cuya cifra deberá aumentar a partir de ese año. Otra de las medidas pasa por revertir la disminución de las poblaciones de polinizadores a más tardar en 2030, consiguiendo a partir de entonces una tendencia creciente que se analizará cada sexenio.
Galicia advierte que el sector trasladará su descontento en los comicios europeos de 2024
En Galicia, donde viven miles de familias cuyo único sustento depende directamente del mar, el avance de la ley de restauración de la naturaleza promovida por la Comisión Europea ha sentado como un jarro de agua fría. Organizaciones como la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo (ARVI) evidenciaron este viernes en declaraciones a FARO su descontento, poniendo de manifiesto que los pescadores son “los primeros interesados en la protección de la naturaleza y en su restauración, pero de forma ordenada y siempre con un enfoque de sostenibilidad social y económica, que en el acuerdo político adoptado se orilla y desprecia”.
Así lo indicó su gerente, Edelmiro Ulloa, mostrando su preocupación ante el imprevisible impacto de la norma. “No solo no se han flexibilizado los objetivos de restauración, sino que se ha ido más allá en los mismos, claramente en contra de un sector primario que en unos meses deberá hablar en las urnas”, añadió.
Otros representantes gallegos como Jesús Lourido y Sergio López, gerentes respectivamente de las OPP de Celeiro y Burela, también catalogaron de “negativa” la medida, incidiendo en que “una vez más se trata con desprecio la flota comunitaria”. “Nos negamos a esperar un futuro con una mayor dependencia (de productos del mar) de terceros países”, resaltó Lourido al igual que López, para quien esta norma es “un arma política para seguir cerrando caladeros históricos al sector”.
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