El Parlamento Europeo se parte en dos por la ley de restauración de la naturaleza

Populares y ultraderecha impiden su aprobación en la Comisión de Medio Ambiente | La norma obligar a recuperar al menos el 20% de los espacios dañados en mar y tierra

Barcos arrastreros en el puerto de Vigo. |   // RICARDO GROBAS

Barcos arrastreros en el puerto de Vigo. | // RICARDO GROBAS / j. pérez / agencias

Agencias

Las autoridades comunitarias tenían muchas esperanzas puestas en la ley de restauración de la naturaleza, plato fuerte del Pacto Verde Europeo aprobado en 2020 para garantizar el compromiso de neutralidad climática de la UE. El 81% de los hábitats del viejo continente se encuentran en mal estado y la norma aspira a recuperar al menos el 20% en 2030 y llegar a la totalidad en 2050. Marca objetivos y obligaciones jurídicamente vinculantes para en cada una de las zonas (desde las tierras agrícolas y los bosques hasta los ecosistemas marinos, urbanos y de agua dulce). Según los cálculos de Bruselas, por cada euro invertido habrá entre 8 y 30 de beneficios económicos. Pero no está teniendo una tramitación tranquila. Muchas organizaciones agrarias han levantado con fuerza la voz por la posible merma de espacios cultivables o la reducción de pesticidas; y la pesca, liderado por la patronal europea Europêche, lleva meses pidiendo la suspensión. La propuesta admite “costes a corto plazo relacionados con la pérdida de ingresos” en la flota, muy tocada ya por las limitaciones al arrastre.

Los ministros de medio ambiente de la UE lograron cerrar la pasada semana un “acuerdo político” para impulsar la polémica ley por mayoría cualificada frente al rechazo de algunos países, como Italia, Polonia, Suecia o Finlandia. Era una patata caliente tras el varapalo de las comisiones de Agricultura y Pesca del Parlamento Europeo. La opinión de ambas era solo consultiva, pero ayer le tocaba pasar por la Comisión de Medio Ambiente, su impulsora, donde quedó claramente tocada. El Partido Popular Europeo (PPE) y la ultraderecha votaron en contra, provocando un empate de 44 a favor de socialistas, verdes, liberales e izquierda, y otros 44 rechazos que impide adoptar el borrador. La siguiente y definitiva cita será la sesión plenaria del 13 de julio de la Eurocámara.

Votación crucial

La sala de la Comisión de Medio Ambiente ofrecía ayer una estampa bulliciosa, inusual en un paso tan preliminar en la tramitación de una norma. Cientos de eurodiputados de otras comisiones, asesores, periodistas, fotógrafos y lobistas intentaban encontrar hueco en repisas y bordillos para seguir una votación que realmente arrancó el pasado día 15, en una maratoniana sesión cuyo final tuvo que ser aplazado, aunque sí dio tiempo entonces a rechazar la enmienda a la totalidad presentada por el PPE, muy crítico con ella porque va “en contra de todo el sector primario, agricultores, ganaderos y pescadores”.

El vicepresidente europeo para el Pacto Verde, Frans Timmermans, confesó la semana pasada que le entristecía que “algunos intenten llevar la política climática a las guerras culturales porque entonces se crea una oposición tribal y una vez que se entra en ella, los hechos ya no importan”. “La crisis climática trasciende a las diferencias políticas y que atajarla debería ser algo panpolítico, no de derechas o de izquierdas”, incidió el holandés.

Llamamiento a la presidenta

Los grupos partidarios de la norma pidieron tomar al Consejo Europeo como ejemplo para acordar también su posición sobre la ley. La postura de los Veintisiete muestra que la posición del PPE “empieza a resquebrajarse”, según el ponente de la ley, el eurodiputado socialista César Luena, que lamentó las “mentiras y bulos” de los populares. Requirió a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que reaccione, porque su propia familia política se está saliendo del Pacto Verde: “Todos sabemos que hay una pelea interna importante en el PPE pero la primera ley de naturaleza de la historia de Europa no puede depender de una trifulca política interna de los conservadores”.

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La comisión de Pesca del Parlamento Europeo respaldó ayer la revisión de las normas de control de la pesca en la UE para reducir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y ahora tendrá que ser refrendado en sesión plenaria de la Eurocámara y por el Consejo Europeo. Las nuevas normas incluyen la obligación de que los capitanes notifiquen las capturas a través de un cuaderno de bitácora electrónico, independientemente del tamaño del barco. En el caso de embarcaciones con menos de 12 metros, el informe será más simple mediante el uso de una nueva herramienta que exigirá su envío una sola vez al final de la jornada de pesca. Para garantizar el respeto de la denominada obligación de desembarque, los buques de la UE de eslora igual o superior a 18 metros que puedan suponer un alto riesgo de incumplimiento deberán disponer a bordo de sistemas de seguimiento electrónico remoto (REM), incluido un circuito cerrado de televisión, que deberán ponerse en marcha cuatro años después de la entrada en vigor.

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