La Ciaim ignora al juzgado y parte a Canadá sin coordinar la misión de bajar al “Pitanxo”

La Dirección General de la Marina Mercante tiene expedientes abiertos contra la armadora Pesquerías Nores Marín. La propietaria del Villa de Pitanxo entregó, antes de partir hacia Terranova, un despacho con una tripulación de 22 hombres, con identidades que no se correspondían a las de los que iban realmente a bordo.

Es más, en Capitanía Marítima no supieron que el pesquero había salido de Vigo con 25 personas –no con las 24 finalmente declaradas, porque una fue transbordada en alta mar– hasta que FARO se lo trasladó formalmente el pasado diciembre, diez meses después del siniestro. Esos son expedientes que están suspendidos, toda vez que se cursan por la vía administrativa y hay una investigación abierta en la Audiencia Nacional; el juzgado Central de Instrucción número 2, comandado por el juez Ismael Moreno, tiene prioridad absoluta en la instrucción.

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Por eso puede ordenar actuaciones, todo tipo de diligencias o tutelar peritajes. Y, también, velar porque cualquier prueba que se practique tenga plenas garantías procesales, máxime si se realizan con fondos públicos. No será así en los trabajos de búsqueda, localización e inspección del Pitanxo porque la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim), adscrita al Ministerio de Transportes, decidió salir hoy rumbo a Terranova sin atender un mandato expreso del Alto Tribunal para coordinar fechas, trabajos en la zona del naufragio y designación de peritos.

Lo hizo a bordo del buque offshore de ACSM Ártabro, con 41 personas enroladas para una misión licitada por el Gobierno por 3 millones de euros. En una providencia con fecha del 8 de mayo, el magistrado ordenó tres cosas. Primero, requirió al Ministerio de Transportes toda la documentación relativa al contrato con ACSM; segundo, determinó que la empresa adjudicataria tenía que coordinarse con el juzgado para acordar las fechas de esta misión; y tercero, que había que determinar el alcance de los trabajos de los peritos que irían a Terranova, sin perjuicio de elegir a otros más “que pudiesen interesar a las partes”. Solo se cumplió el primer precepto, porque, en efecto, el Gobierno envió a la Audiencia Nacional todos los archivos vinculados al contrato público el día 10 de mayo. Pero nada más: la Ciaim no quiso esperar.

La orden del juez

Literalmente, la providencia de Ismael Moreno dice así: “Líbrese oficio [...] a fin de que por el Juzgado se concierte con la empresa adjudicataria las fechas en las que se va a desarrollar la operación, conforme a las necesidades y posibilidades concernientes a aspectos tanto materiales como judiciales, entre los que destaca la participa ción y/o intervención de los peritos judiciales designados como, en su caso, otros peritos que pudieran interesar las partes en este procedimiento”.

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El Ártabro viaja rumbo a la zona del naufragio –prevé llegar en una semana, el día 24, al punto donde el Pitanxo emitió la última señal– con tres peritos a bordo, aunque la comisión investigadora no aportó hoy ninguna información sobre quién los ha designado o en atención a qué. “Esta salida se produce desatendiendo una orden de la Audiencia Nacional. Había que determinar qué hacer, qué grabar, los peritos a intervenir... y aquí no hay nada”, se lamentaron este miércoles fuentes de la defensa de las familias a este periódico. Intentaron frenar la partida del Ártabro con escritos formulados ante el tribunal, pero no tuvieron éxito.

Las pruebas de la tragedia, más cerca: firmado el contrato para inspeccionar el "Pitanxo"

Es más, el propio juez Moreno emitió hoy otra providencia en la que recordaba al ministerio que comanda Raquel Sánchez que la misión no podía empezar sin su visto bueno previo. “Requiérase al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a fin de que procedan a dar cumplimiento en los términos interesados por este Juzgado en proveído de fecha 8/05/23”, dice. Por más que la Ciaim goce de independencia en sus actuaciones, que son de carácter técnico, este mandato fue remitido al ministerio. No sirvió de nada; pudo más la Ciaim que la Audiencia Nacional.

“Lo que hizo [por la Comisión de Investigación] fue enviar un oficio por correo electrónico al juzgado el martes por la tarde, para notificarle que salían ya, unilateralmente”, abundan las mismas fuentes jurídicas. Y así figura en la propia providencia, sin mencionar en ningún momento la orden de coordinar las fechas para el arranque de la misión o la designación de peritos. El malestar de las familias de los 21 fallecidos en la catástrofe es evidente. “No le han hecho ni caso nada más y nada menos que a la Audiencia Nacional”. “Es un día muy triste”, abundó su portavoz e hija de uno de los fallecidos, María José de Pazo.

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Además de esos tres peritos, en el buque van 22 tripulantes y 16 técnicos. En cubierta, con un espacio de trabajo que supera los 800 metros cuadrados, van dos robots submarinos o ROV (remoted operated vehicles), con capacidad para bajar a hasta 4.000 metros de profundidad. Serán dirigidos por personal en cubierta –un ROV va unido al barco con una especie de cordón umbilical–, aunque en principio solo uno entrará en servicio. Este dispositivo tendrá que grabar todos los puntos que establece el pliego del contrato público, desde las vías de desagüe, las maquinillas, el puente de mando o la estructura del pecio. Y, sobre todo, el aparejo y el rastro que éste dejó en el fondo del mar teniendo en cuenta que el marinero superviviente Samuel Kwesi Koufie ha declarado que las redes se engancharon con algún elemento, que el patrón, Juan Enrique Padín, no quiso cortar los cables y que la presión ejercida por popa causó una escora fatal y, finalmente, el hundimiento. Los testigos del Playa Menduiña Dos, el barco que los rescató, avalan a Koufie. Padín y la armadora Nores están imputados por 21 delitos por imprudencia grave, contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental y encubrimiento; al primero se le ha retirado el pasaporte.

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