Descarbonización marina

La pesca instará a Europa a fijar un "fondo específico" para crear barcos más sostenibles

Plantea fórmulas como las empleadas en Noruega e Islandia para medir mejor la capacidad de los buques: distinguiendo el espacio de trabajo de las zonas dedicadas a la vida a bordo, como camarotes o áreas de recreo

Trabajadores del astillero A Xunqueira construyendo un barco de su cartera de pedidos.

Trabajadores del astillero A Xunqueira construyendo un barco de su cartera de pedidos. / GONZALO NÚÑEZ

El 87% de los barcos de larga distancia no eran rentables para los precios de la energía de 2022, como tampoco lo eran el 40% de los barcos de bajura o el 66% de altura. Si no fuera por el apoyo financiero concedido por los Estados miembros a sus respectivas flotas, la caída de la actividad pesquera habría sido mucho más drástica de lo que fue, impulsada principalmente por un contexto inflacionista con precedentes muy lejanos y derivado de un conflicto, la guerra de Ucrania, que evidenció la dependencia de Europa al petróleo ruso. En este contexto entró en juego la estrategia para la transición energética del sector de la pesca y la acuicultura de los Veintisiete, publicada por la Comisión Europea (CE) el pasado 21 de febrero. Y con ella el dictamen exploratorio sobre la descarbonización de la flota pesquera solicitado por la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea (UE). Las principales líneas de su borrador inicial, avanzadas por FARO este domingo, pasan por reclamar a Bruselas que acelere el desarrollo de biocombustibles y que el sector tenga “acceso prioritario” a ese biodiésel avanzado. Todo ello con el “compromiso de tener una huella de carbono neutra en 2050”, para lo que también es “imprescindible” abordar “un plan de renovación de flota” que permita completar “el proceso de una pesca sostenible con buques modernos”.

“Para hacer la pesca del siglo XXI, hacen falta barcos del siglo XXI”, ha pedido en más de una ocasión el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y dicha frase parte como filosofía del documento de trabajo presentado la pasada semana en la primera reunión del grupo de estudio del Comité Económico y Social Europeo (CESE). El mismo viene a recordar que los sistemas de propulsión alternativa requieren por regla general “más espacio a bordo”, por lo que el futuro verde del mar solo puede pasar por hacer naves más grandes.

Ante una flota que acumula medidas de edad superiores a los 30 años, que impiden a las empresas armadoras plantearse cualquier posible inversión, el sector considera esencial “establecer un fondo específico” para su modernización y renovación, algo que quiere trasladar al Ejecutivo comunitario para que tenga en cuenta a la hora de hacer política marina. En el escrito –susceptible de ser modificado a lo largo de las próximas semanas–, se hace hincapié en que “el programa Horizonte Europa de la UE no tiene una convocatoria específica para la pesca” y existen “fuertes limitaciones de financiación” en el marco del nuevo Fondo europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa): “Solo otorga porcentajes bajos de ayuda para inversiones en flotas y los subsidios están condicionados por el tamaño de las embarcaciones”.

En esta línea, se llama a reformular “la inadecuada definición de capacidad pesquera” en la Política Pesquera Común (PPC), que “no solo dificulta en general la modernización de la flota para instalar nuevas tecnologías, sino también mejoras sociales y de seguridad”. Conforme se recuerda, a diferencia de la industria naviera el sector pesquero tiene que soportar restricciones de capacidad en la UE en términos de espacio (tonelaje bruto), lo que complica todavía más que los buques instalen nuevas tecnologías de descarbonización, especialmente en aquellos barcos que se dedican a la pesca artesanal.

“El espacio a bordo destinado a la cocina, camarotes, aseos o áreas de recreo, que nada tiene que ver con la capacidad para capturar o almacenar pescado, es hoy en día computado a efectos de capacidad pesquera”, explican desde el sector, evidenciando que la PPC está “en clara contradicción” con los requisitos establecidos en la legislación social –como el Convenio sobre el trabajo en la pesca C188 de la OIT– y que la estrategia de transición energética debería proponer en consecuencia “una revisión de las medidas de capacidad para permitir la introducción de nuevas tecnologías y la modernización de la flota”.

A modo de propuesta, el documento de trabajo recoge posibles nuevas medidas que van desde el tonelaje neto a fórmulas como las empleadas en países nórdicos como Noruega o Islandia, donde se elimina del cálculo las zonas dirigidas al ocio y descanso de los trabajadores y operan en función de factores como la cuota asignada o el tamaño del buque. A sus ojos, dicha revisión fomentará la inclusión de mejoras de habitabilidad necesarias en el sector pesquero. Tanto para hacerlo atractivo y lograr mano de obra joven, como para abordar la brecha de género y facilitar la incorporación de la mujer a muchos puestos.

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Ante la posibilidad de que se establezcan 2005 o 2008 como años de referencia para la reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2) por parte del sector pesquero, el borrador inicial del dictamen defiende el buen hacer de la flota europea y su progreso en el camino hacia la neutralidad climática, por lo que considera que la UE debería aplicar 1990 como año de referencia para las citadas emisiones.

Entre los argumentos que se esgrimen, destaca que las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del transporte marítimo han aumentado a nivel mundial, mientras que las embarcaciones de pesca que forman parte del bloque comunitario han disminuido las suyas a la mitad gracias a la mejora de la eficiencia energética y la caída del tamaño de la flota.

A pesar de las ampliaciones de la UE, el número de buques pertenecientes a los Estados miembros descendió casi un 30% en los últimos 25 años. Frente a 1996, cuando había un total de 103.834, en 2020 se contabilizaban 73.716 naves. Suponen unas 30.000 menos que antaño y de las mismas únicamente 56.111 permanecieron “en activo” durante el año de la pandemia del coronavirus.

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