El perito asignado por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim) a la Audiencia Nacional prosigue sobre el terreno con la investigación sobre las circunstancias en las que partió a la mar el pesquero Villa de Pitanxo, naufragado en aguas de Terranova el 15 de febrero de 2022. Tras obtener esta semana mensajes y fotografías enviadas por los tripulantes a varios familiares, como avanzó FARO, este técnico acudió ayer a la sede de Capitanía Marítima de Vigo, adscrita a la Dirección General de la Marina Mercante. Fue este departamento el encargado de validar la salida del buque, que protagonizó el naufragio más catastrófico para la pesca española desde el del Marbel en 1978. Según indicaron fuentes próximas a Capitanía, el experto recabó documentación y testimonios en la jornada de este viernes. El patrón, Juan Enrique Padín, y la armadora, Pesquerías Nores Marín, son los que han sido imputados (investigados) por el alto tribunal por los delitos de homicidio por imprudencia grave, contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental y encubrimiento.
Como anticipó este periódico, el Villa de Pitanxo entregó un despacho con información falsa, ya que declaró que a bordo del barco iban 22 personas, y no las 25 que salieron en la tarde del 26 de enero del muelle de Frigalsa. De esta dotación, un marinero fue embarcado con el objetivo de ser transbordado en alta mar al pesquero Río Caxil. Tenía que haber figurado en el despacho como una persona ajena a la tripulación, pero no se formalizó en la documentación y su caso no trascendió hasta que lo desveló FARO. Tampoco constaban como embarcados los marineros Juan Martín Frías y Miguel Lumbres, así como el observador Manuel Navarro. Sí figuraba en la lista el ciudadano de origen senegalés Siaka Thior, que se bajó del buque tras haber dado positivo por COVID. Tanto Navarro como el segundo oficial, Raúl González, dormían en la enfermería, dado que el Pitanxo solo tenía capacidad para 22 personas.
En tanto la información del despacho era falsa –por el número de tripulantes y sus identidades–, Marina Mercante abrió expediente a la armadora, pero el procedimiento ha quedado suspendido por la investigación judicial que ha asumido el magistrado Ismael Moreno. Fuentes del Ministerio de Transportes han incidido en que la responsabilidad sobre la información contenida en el despacho corresponde únicamente a la armadora y al patrón, no a Capitanía. En el inventario oficial remitido por Nores se cifraba en 22 los trajes disponibles a bordo para la tripulación, pero no fue comprobado, de modo que en la documentación administrativa consta que el Pitanxo salió a la mar sin equipamiento térmico para todos. La armadora lo ha negado.
La fase de instrucción judicial proseguirá en paralelo a la investigación técnica e independiente de la propia Ciaim, que deberá ahora analizar el resultado de los test realizados en el Cehipar de El Pardo, donde se recrearon las circunstancias del accidente en una maqueta. El punto de inflexión lo aportará previsiblemente la misión submarina, también requerida por la Ciaim –y defendida por el juzgado–, cuyo proceso de licitación termina la próxima semana. Las empresas interesadas en asumir esta tarea deberán presentar toda la documentación antes del martes; los sobres con las ofertas se abrirán al día siguiente en Madrid.
