El IEO anticipa que la ofensiva de Europa para prohibir la pesca de fondo irá a más

Las 87 áreas del Atlántico Norte en las que Bruselas ha vetado la pesca de fondo por considerarlas ecosistemas marinos vulnerables –todos con profundidades comprendidas entre 400 y 800 metros– podrían ser la antesala de una película de terror que se ha vuelto realidad para las costas gallegas, donde las capturas han caído drásticamente hasta registrar su peor balance de estos últimos 20 años. Esperando aún los informes que evidencien el impacto socioeconómico originado por esta prohibición y mientras el Gobierno de Pedro Sánchez aguarda que el recurso presentado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) prospere, el sector teme lo peor y advierte que, si nada cambia, o mejor dicho, si nadie admite sus errores, serán “muchas más” las zonas en las que se restrinja esta actividad crucial para Galicia.

Así se puso de manifiesto durante la I Jornada Técnica que Pesca España celebró este jueves en la sede de la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo (ARVI) bajo el título “El cierre de áreas marinas vulnerables, un nuevo desafío para el sector pesquero”. Dividida en tres mesas, en la primera, denominada “Historia de una decisión: condicionantes políticos y científicos”, participó José Manuel González Irusta, científico titular del Instituto Español de Oceanografía (IEO) que avanzó que una vez se incorporen los nuevos datos de los proyectos de Indemares e Intemares “las zonas con cierres van a aumentar y van a aumentar mucho”.

“Se van a cerrar amplias extensiones”, avisó, haciendo hincapié en que “si se cierran esas zonas nuevas y además se cierran para todas las artes, es decir, si la Unión Europea (UE) no reconoce su error y no da marcha atrás, el problema va a ser importante”. Según explicó minutos antes, él mismo estuvo presente en la confección de dos informes vinculados a la metodología para identificar ecosistemas marinos vulnerables en el Atlántico Norte y el organismo comunitario empleó el primero y menos actual, de mayo de 2020 y que se refería exclusivamente a la pesca de arrastre, a la hora de vetar las 87 áreas para esa y más artes. Todo ello a pesar de que en el segundo, de junio de 2022, se advirtió textualmente que no se debía hacer.

“No nos hicieron caso”, afirmó al respecto, para acto seguido manifestar que paradójicamente ahora son las artes menos dañinas, como el palangre o el enmalle, las que se están viendo “más afectadas” y no al contrario. Su impotencia fue compartida por otros especialistas que participaron en el evento de ayer –que también incluyó las mesas “Impacto en la actividad pesquera” y “La reacción del sector. Recursos y trabajo institucional ante los organismos nacionales y europeos”– como Iván López van der Veen, presidente de la Alianza Europea de la Pesca de Fondo (EFBA), que remarcó que “el abuso de la interpretación nos ha llevado a una situación incómoda para todos que no tiene visos de solucionarse en el largo plazo”. “El problema es cuando se intenta usar la ciencia para vestir unas decisiones que ya se han tomado antes”, agregó, resaltando que es vital romper la polarización de Bruselas tejiendo puentes.

“En caso de que la Comisión Europea (CE) siga en sus trece y no de un paso atrás, y siga interpretando tanto el reglamento como el informe científico como lo ha hecho hasta ahora, lo único que va a ocurrir es que va a empeorar la situación. No se van a reducir las 87 zonas y se va a ampliar a nuevas zonas diferentes. Eso sería muy grave”, dejó claro por su parte el presidente de Pesca España, Javier Garat, mientras Edelmiro Ulloa, director gerente de la Organización de Productores de Buques Congeladores de Merlúcidos, Cefalópodos y Especies Varias (OPPC-3), afirmó que “desgraciadamente ese escenario es posible” viendo “la presión de algunas o muchas ONG”.

A sus ojos, preocupa que “determinadas personas muy concretas, a través de esos mecanismos de presión, puedan llegar a afectar a decisiones tan importantes como lo es la sostenibilidad del abastecimiento de productos esenciales al mercado comunitario y la soberanía alimentaria”, especialmente en un contexto en el que los stocks de recurso son amplios debido a que la regeneración marina es más rápida que la detracción de productos del mar.

Estas declaraciones fueron complementadas con las de Jesús Lourido, gerente de la Organización de Productores Pesqueros del Puerto de Celeiro (OPP-77), para quien las asociaciones ambientalistas “tienen que cambiar el enfoque”. En este sentido, recordó que en su zona –responsable de traer a la comunidad el 40% de la merluza de arte fija– ha habido una disminución de entorno al 20% de las capturas, con todo lo que ello implica teniendo en cuenta que de la pesca viven 2.000 personas de las 15.000 que allí residen. Asimismo, ya están teniendo conflictos con las flotas de artes remolcadas, con barcos irlandeses, que ha derivado en aparejos destrozados ante la concentración de naves y el consecuente desgaste de estos caladeros por la delimitación del espacio. Por ello, espera que “haya integridad y respeto” desde Bruselas y que rectifique.

El acto de clausura del evento corrió a cargo de la conselleira do Mar, Rosa Quintana, quien destacó la importancia de iniciativas como la promovida por Pesca España y dejó claro la apuesta de Galicia por la vía judicial para frenar una prohibición que amenaza severamente a toda su gente que vive del Atlántico Norte.

Lugo se apoya en la USC para su recurso

Todos los participantes de la I Jornada Técnica de Pesca España valoraron positivamente el recurso presentado por el Ejecutivo central al veto a la pesca de fondo promovido en Europa –en el caso de la conselleira do Mar, destacando la contribución del Gobierno de Alfonso Rueda al mismo– pero también el presentado directamente por la Organización de Productores pesqueros de Lugo (OPP-7). Su gerente, Sergio López, detalló que el escrito se remitió a Luxemburgo finalmente el pasado martes 13 y el procedimiento –en el que la Xunta intervendrá como parte coadyuvante– se integra de numerosos informes, uno de los cuales se ha llevado a cabo por el equipo de Economía Aplicada de la Universidade de Santiago (USC).

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“El recurso intenta caracterizar en concreto el palangre de fondo dentro de las artes fijas y en concreto el palangre que utilizamos en Galicia, que utiliza el sur de Europa, que es el palangre de piedra-bola”, manifestó, para referirse al proceso judicial como “complicado” y que “puede ser caro”, si bien se mostró convencido de que prosperará y será Bruselas quien acabe pagando. “El problema es el tiempo. A mí no me sirve de nada que dentro de tres años nos den la razón porque dentro de tres años no existirá ningún barco palangrero haciendo su actividad en las aguas europeas”, sentenció Sergio López en esta línea.

Junto al informe elaborado por la institución académica compostelana, remiten diferentes estudios técnicos entre los que también se incluyen un informe económico relativo a las mareas de los últimos 50 días –desde que entró en vigor la prohibición– o dos informes que les han aportado los pescadores de Bretaña.

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