Bruselas arrastra a la flota gallega de Gran Sol a su peor registro histórico en capturas

Virginijus Sinkevicius es el comisario europeo de Pesca y Asuntos Marítimos. El 15 de noviembre, a una pregunta por escrito del eurodiputado socialista Nicolás González Casares, respondió así respecto a los perjuicios para la flota del cerrojazo a la pesca de fondo en 16.400 kilómetros cuadrados de aguas comunitarias. “Con el fin de minimizar el impacto socioeconómico del acto de ejecución, la Comisión optó por el escenario que, según la descripción del CIEM (Consejo Internacional para la Exploración del Mar), ofrecía una protección de los ecosistemas marinos vulnerables a bajo coste para los pescadores”. Bruselas no disponía de ningún informe de impacto socioeconómico previo al veto a las artes de fondo, de modo que esa estimación de “bajo coste” era necesariamente intuitiva. Son los registros reales de capturas, facturación y precio medio los que, de forma definitiva, echan por tierra la sentencia del lituano. Ese “bajo coste” se ha traducido, en los dos primeros meses de aplicación del reglamento 2022/1614 –desde el 9 de octubre–, en una caída histórica del rendimiento de los buques de capital gallego que operan en el caladero de Gran Sol dedicados a las principales especies objetivo (merluza, rapante y rape). Nunca, desde que arrancan los registros históricos disponibles (año 2001), el mercado había sufrido un revés tan duro en escasez de producto y subida de precios en primera subasta.

En aquella misma respuesta a Casares, Sinkevicius explicó que el dictamen del CIEM, el mismo en el que se basó Bruselas y el mismo que reconoce que no existen evidencias científicas del presumible daño del palangre al fondo del mar, “actualizará su dictamen sobre la base de los últimos datos de los Estados miembros sobre la presencia y la intensidad de pesca de los ecosistemas marinos vulnerables, que se espera que proporcionen una evaluación más precisa de las actividades de la flota”. Ese análisis, prometido para la semana que viene, no llegará hasta enero. Después de la campaña más importante del año para el sector, la de Navidades, y tras haber asestado ya un tijeretazo a los resultados de arrastreros o palangreros. Son 87 zonas, del Golfo de Cádiz a Gran Sol, donde se ha prohibido faenar a más de 400 metros de profundidad. Eso sí, como también había errores de batimetría en el reglamento, en 41 de las mismas, como desveló FARO, ni siquiera se alcanzaba esa profundidad mínima.

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La luz sobre el impacto real de este denominado acto de ejecución la aporta Pesca de Galicia, el portal estadístico de la Consellería do Mar. El análisis incluye todas las lonjas –aunque las más relevantes a estos efectos son las de Vigo, Burela, Celeiro y Ribeira– y esas tres especies objetivo (merluza, rapante y rape). Desde su entrada en vigor, las subastas totalizaron las 4.074 toneladas, por importe de 22,3 millones de euros. Es un balance muy pobre en comparación con las más de 6.160 toneladas sumadas en los estertores de la pandemia –para el mismo periodo equivalente–, cuando se acariciaron los 27,5 millones de euros en facturación. En comparación con el ejercicio 2016, por ejemplo, las cifras no admiten comentarios muy heterogéneos: un desplome de ventas de casi el 50%, por otro 56% de caída en los volúmenes subastados. Claro que, desde entonces –en plena digestión de la nueva Política Pesquera Común (PPC)–, la flota ha perdido más de una décima parte de su capacidad: hay 170 buques menos en el registro autonómico. Desde que hay cifras comparables en este portal de Pesca de Galicia (2004), el sector extractivo ha protagonizado una historia menguante: tiene un 30% menos de capacidad (expresada en toneladas de arqueo bruto o gross tonnage, GT) y 1.305 pesqueros menos.

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Como había advertido el sector, y envuelto por una ola inflacionaria que todavía es acuciante en los alimentos, los precios han medrado. El precio que promediaron las tres especies fue de 5,43 euros el kilo, un 15% más que en el mismo periodo equivalente del año pasado. En todo caso, a la flota no se le ha pagado lo suficiente como para compensar la pérdida de capturas, como arrojan estas estadísticas. Es más, solo el rape ha elevado su cotización, por encima de los 6 euros el kilo en primera venta; tanto la merluza como los rapantes se han pagado a menos cantidad.

El Gobierno formuló un recurso contra el reglamento comunitario ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el 14 de noviembre, y ha pedido a los demás países afectados –Portugal, Francia e Irlanda– a que se sumen al litigio. De momento, y en espera del nuevo informe del CIEM y del equipo de Sinkevicius, el sector deberá seguir lidiando con esta directiva. Y con el plan de acción, que pretende cerrar al arrastre las puertas en el 30% de las aguas comunitarias, a las puertas.

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