Los armadores gransoleros de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI) han dicho finalmente que no. Tras una reunión celebrada esta mañana, los empresarios con barcos de arrastre y palangre de fondo acordaron que no presentarán un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea por el veto de la Comisión Europea a la pesca de fondo en 87 caladeros. “El acuerdo final, tras votación, fue no presentar el recurso, siempre teniendo en cuenta que tenemos que seguir trabajando con las administraciones públicas”, confirmó el gerente adjunto de ARVI, Hugo González, que explicó que la base de esta decisión radica principalmente en que los arrastreros, mayoría en la cooperativa, finalmente no se verán tan impactados tras la aclaración arrancada por España a Bruselas sobre los fondos que se verán afectados.
ARVI, al igual que otras de las principales asociaciones del sector, llevaban semanas estudiando la viabilidad de presentar este recurso ante el reglamento, sumándose de esta forma al ya anunciado por parte del Gobierno o al de la Organización de Productores Pesqueros del Puerto de Burela (OOP-7) y sus 16 barcos palangreros de fondo, los únicos de la industria que por el momento han comunicado a la opinión pública este paso. En el caso de la cooperativa, la acción legal hubiera corrido a cargo de la OPPF-4 (Organización de Productores de Pesca Fresca del Puerto de Vigo) o de Anasol (Asociación de Armadores de Buques de Pesca en el Gran Sol).
Pese a que ya tenían todo más que hablado con su equipo jurídico, todo dependía de lo que opinasen sus armadores, ya que además el recurso supone un nada desdeñable esfuerzo económico que, además, llegaría en un momento delicado para el sector.
Se da la circunstancia de que el grueso de los gransoleros que forman parte de ARVI son arrastreros, un tipo de barco cuya actividad se ve menos afectada por el reglamento tras la aclaración de la Comisión Europea que finalmente liberó 41 de las 87 zonas por estar por debajo de los 400 metros de profundidad.
Según González, esta realidad es uno de los motivos que han provocado el “no” al recurso por parte de los armadores, que tienen en cuenta también que el Gobierno de España ya se ha comprometido a presentar el recurso, que habrá una revisión con el nuevo informe del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, por sus siglas en inglés) y que “para ganar el recurso hay que presentar y demostrar la afectación”.
Apoyo
Aunque ARVI no presente finalmente el recurso, la intención de sus dirigentes es la de seguir trabajando para que se haga justicia, por lo que seguirá apoyando al Gobierno y al resto de administraciones para conseguir que Bruselas dé marcha atrás. El objetivo es que se pida tanto a la Comisión Europea como al ICES “que utilicen los datos más actualizados posibles”, además de reclamar el informe de impacto socio económico para avalar este tipo de decisiones que afectan a la flota “y que velen también por la pesca de la UE”.
