El Villa de Pitanxo, con matrícula 3ª VI-5-5-03 y con puerto base en Marín, se hundió el 15 de febrero en aguas internacionales. No estaba dentro de las 200 millas de jurisdicción canadiense y tenía pabellón español, con lo que, a todos los efectos, la investigación del peor siniestro en la pesca desde 1978 –el Marbel, en las Cíes– corresponde a España. Desde un principio, las diligencias cursadas desde la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, a raíz de la toma de declaraciones a los tres únicos supervivientes, se remitieron a la Audiencia Nacional. Pero Fiscalía no estaba de acuerdo con asumir este caso desde la capital española, y los juzgados de Marín tampoco. El magistrado del Juzgado central número 2 del Alto Tribunal, Ismael Moreno, ha zanjado la controversia: el naufragio se investigará plenamente en Madrid. Y más aún, ha instado a la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim), dependiente del Ministerio de Transportes, a que estudie la conveniencia de bajar al pecio, que reposa a unos 820 metros de profundidad.
Hasta la fecha, el Gobierno central había mantenido dos posiciones respecto a esta misión submarina. De inicio, ofreció a las familias de los 21 fallecidos –iban 24 marineros a bordo– fletar un buque para la localización de los 12 cadáveres que no han aparecido. Llegó a remitir un informe de Salvamento Marítimo, sin fecha ni firma, en el que aseguraba que no era posible trasladarse a la zona del naufragio porque las posibilidades de localizar cuerpos eran nulas. Sí evaluó, por lo tanto, el desplazamiento a aguas de Terranova, pero nunca para grabar los restos del Pitanxo. A juicio de los familiares, el estado del aparejo, el casco o los sistemas de desagüe es determinante para aclarar por qué se hundió este buque. Ahora, a través de una providencia –como expusieron fuentes conocedoras del caso a este periódico–, la Ciaim tendrá que justificar, en su caso, por qué no es adecuado realizar esta misión.
¿Por qué? El hecho es que, como publicó FARO, para esta Comisión de expertos basta con construir una maqueta del pesquero y someterla a unas condiciones similares a las que enfrentó aquella noche a más de 300 millas de la costa de St. John’s, extremo que rechazan todos los marineros y jefes de máquinas consultados. Exponen que esta recreación no puede tener en cuenta eventuales modificaciones estructurales del Pitanxo, el calamento del aparejo, qué peso traía consigo o con qué elemento del fondo se topó para sufrir un embarre. No puede hacerlo porque no se sabe qué especies colmaban el aparejo, cómo estaban las puertas de arrastre o los vientos de fuerza huracanada que zarandearon al buque aquella madrugada. Si la Ciaim insiste en que la maqueta es suficiente, tendrá que justificarlo al juez Ismael Moreno. El proyecto para la simulación del hundimiento está en marcha, a través de un concurso público adjudicado al Cehipar (Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo).
En ningún momento de la madrugada del 15 de febrero, como constatan los datos recibidos desde el sistema de posicionamiento AIS o la caja azul –obligado para todos los pesqueros de más de 12 metros de eslora–, el Villa de Pitanxo dejó de navegar avante. Aunque en un primer momento su capitán, Juan Padín, no lo mencionó –ni en la protesta de mar firmada en Canadá ni en su declaración a la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra–, después apuntó que el aparejo había embarrado. “El embarrar no significa que quedes fondeado (parado). A veces pasa, pero la mayoría vienes arrastrando algo que no es tu propio calamento”, explica un jefe de máquinas. Es una hipótesis que, añade, sería contrastable con una inspección visual del aparejo, pero no reproducible en una piscina, en un entorno controlado.
El mismo marinero recuerda que “en Malvinas incluso se pescaban trozos de camiones, fuselajes de barcos y aviones de la guerra. Imagina –culmina– si pasas por encima tienes la posibilidad de engancharlo y, dependiendo de la fuerza de la maquinilla, incluso levantarlo, que fue lo que le pudo haber pasado al Pitanxo para escorarlo tanto de babor”.
Tanto el capitán del pesquero, Juan Padín, como la armadora, Pesquerías Nores Marín, serán investigados por la presunta comisión de cuatro delitos: homicidio por imprudencia grave, contra los derechos de los trabajadores, encubrimiento y falsedad documental. A Padín ya se le han impuesto medidas cautelares, con la entrega del pasaporte y la obligación de comparecer en el juzgado.
