El Minchos Octavo salió de las instalaciones de Armón Burela, en el año 2002, con 35 metros de eslora. Ahora, dotado de tangones y con casi 40 metros, faena langostino austral para Iberconsa en el caladero de Argentina. Fue sometido a un proceso de alargamiento en Construcciones Navales Paulino Freire (Freire Shipyard) para dar más músculo a la flota de la multinacional viguesa. Es una operación habitual, por la que también pasaron buques como el palangrero O Kevin o los arrastreros Villa Nores y Playa Menduiña Dos. En este último caso, la embarcación construida en Armón Vigo ganó once metros de eslora, a cambio de dar de baja el vetusto Mar Torres (Construcciones Navales Santodomingo, 1976). El objetivo es que los alargamientos, como los incrementos de potencia en los motores, no contribuyan a un sobreesfuerzo pesquero en alta mar, de ahí que sea necesario adquirir más cuota o dar de baja una embarcación que las tenga para compensar. Fue lo que hizo la armadora Moradiña en el año 2018. La empresa solicitó, para el mismo buque, una subvención para “la mejora de la calidad de los productos pesqueros y de las condiciones de trabajo a bordo”, con una reforma total del parque de pesca. Pidió respaldo público de la Xunta para ayudar a costear una inversión de más de 1,9 millones de euros. No solo le fue denegada, sino que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) entiende que tampoco era merecedor de una ayuda pública.
Según expuso la compañía, de Cangas do Morrazo, “el hecho de que las inversiones [en el parque de procesado] se realicen en un espacio afectado por el alargamiento previo no implica que se incremente la capacidad de pesca [...] sino que se reforma la zona de entrepuente destinado al procesado de las capturas, con incremento de la capacidad de congelación, mejorando la higiene y mantenimiento del frío”, lo que revierte en mayor calidad en el pescado y en las condiciones de trabajo a bordo. La política de Bruselas es clara: no se pueden destinar fondos públicos a aquellas operaciones que aumenten la capacidad de pesca, con una extrema rigidez en programas de cambio de propulsión o incluso de habitabilidad.
A juicio de los letrados de la Xunta, el hecho de que los trabajos de alargamiento ya se hubieran iniciado antes de requerir la ayuda convierte la iniciativa de Moradiña en no subvencionable, precisamente porque a una mayor eslora se “determina un incremento de su capacidad pesquera”. La empresa aportó un informe de un técnico de F. Carceller, en el que niega este extremo. “No supone un aumento de la capacidad. Se podría haber alargado el buque y mantener el sistema manual de la factoría de las capturas, por lo que el podría estar más tiempo faenando hasta completar los límites de almacenamiento, por lo que se trata de dos cuestiones independientes”, abunda en el fallo del TSXG. En el Playa Menduiña Dos “se modificó totalmente la factoría, desde la recepción de la captura o túneles de congelación [...] el sistema de carga y descarga se automatizó, lo que alivia el trabajo de la tripulación”. Argumentos que no sirvieron para convencer ni a la Consellería do Mar ni a los magistrados María Azucena Recio (presidenta del tribunal), Julio César Díaz Casales (ponente) y Antonio Martínez Quintanar.
