Un informe de la Dirección General de Costas enviado al gobierno de las Islas Canarias ha hecho saltar las alarmas en el litoral gallego. El documento, publicado por elDiaro.es, señala como improrrogables todas las concesiones de treinta años del archipiélago anteriores a 1988. Aunque el informe se refiere únicamente y de forma específica a los once puertos canarios en esa situación, la interpretación del ministerio de Teresa Ribera sobre Canarias podría sembrar un precedente aplicable a Galicia.
Según fuentes oficiales de la Consellería do Mar, algo más de sesenta concesiones que tienen como titular a Portos de Galicia habrían sido oficializadas antes de 1988. Entre ellas, explican, se contabilizan clubs náuticos, cafeterías, museos, pabellones, grúas y hasta tuberías. Pero concretan que “ninguna de las veintiséis concesiones a puertos deportivos en terreno autonómico es anterior a esa fecha”.
La Ley de Costas de 1988 trató de poner límites a las concesiones tendenciosas heredadas de la Dictadura. En el texto legislativo se marcó un plazo máximo de concesión de treinta años y que, salvo contadas excepciones, venció de forma general en 2018.
Según fuentes de la consellería del ramo, esas más de sesenta concesiones que ellos mismos señalan como anteriores a 1988 “no están caducadas”. El argumento sobre el que se apoyan es la Lei de Portos de Galicia de 2017. Según esta norma autonómica el Gobierno gallego favoreció la ampliación del plazo de las concesiones, que pasaron, un año antes del vencimiento, de treinta a cincuenta años.
“La Xunta desconoce el informe del que habla la información referida por lo que no sería prudente emitir una valoración”, explican a FARO fuentes de la Consellería do Mar. No obstante, añaden, “el posicionamiento de la Xunta sobre la política del Ministerio para la Transición Ecológica a respecto de nuestro litoral es de sobra conocida y sustenta lo que venimos advirtiendo desde que el bipartito está al frente: está claro que quiere liberar el litoral de cualquier actividad humana y que la voz de alarma dada desde Galicia está más que justificada y constata que el problema va mucho más allá de la comunidad gallega y afecta al conjunto del litoral estatal”.
Según la Xunta, esto es una “problemática ocasionada por el Ministerio para la Transición Ecológica para eliminar cualquier vestigio de presencia humana de la costa sin evaluar sus consecuencias”.
La batalla entre administraciones a propósito del litoral viene de largo. Hace apenas diez días, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicó la modificación del Reglamento General de Costas provocando una tormenta de “indignación” de la Xunta y parte del sector del mar. Los cambios propuestos en el articulado del real decreto consuman lo más “temido” por parte del sector: la limitación de las prórrogas de las concesiones en el dominio público marítimo-terrestre a un máximo de 75 años.
En el BOE del día dos de este mes el ministerio de Ribera suma también una diferenciación en función del tipo de empresas que disfrutan de una concesión: setenta y cinco años para proyectos de restauración y conservación de ecosistemas marinos o costeros, obras encaminadas a garantizar el uso público y la integridad del dominio público marítimo-terrestre y cultivos marinos; de cincuenta años para instalaciones de servicio público; y de 30 para el resto de actividades e instalaciones.
