El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha dado luz verde a la norma que regulará el primer paquete de ayudas del Perte Agroalimentario en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que está dotado por 500 millones de euros, en lo que supone el paso previo para la publicación de la primera convocatoria del plan y para abrir el plazo de presentación de proyectos antes de finalizar el año. Una iniciativa que, como denunció la patronal Anfaco-Cecopesca, no contará entre sus planes con la industria conservera, que se queda de momento sin ayudas concretas en el marco del Perte.

En concreto, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer esta orden de bases que regirá el conjunto de medidas de apoyo específico a actuaciones de fortalecimiento industrial de la cadena agroalimentaria para el periodo 2022-2023.

La ministra de Industria, Reyes Maroto, señaló que con la publicación de esta orden el Gobierno “ofrece una oportunidad histórica para fortalecer la industria agroalimentaria y mejorar su competitividad, un sector que es estratégico para España y está contribuyendo al desarrollo económico del conjunto de los territorios y más específicamente de las zonas rurales”.

“Debido a la importancia que tiene el sector vamos a incrementar en 100 millones de euros la línea de ayudas poniendo a disposición del tejido industrial hasta 500 millones de euros para financiar proyectos enfocados a la mejora de la competitividad, la sostenibilidad y la trazabilidad y seguridad alimentaria”, explicó Maroto.

Sin embargo, como publicó FARO, el sector de la industria transformadora de los productos de la pesca y el mar no entrará en el marco de este Perte, como denunció el secretario general de Anfaco, Roberto C. Alonso.

Desde un principio, Anfaco contaba con que la industria transformadora entrase de lleno en este Perte y que sus empresas pudiesen participar con inversiones para actualizar las factorías. Tras enterarse de sus inclusión y formular una queja formal Industria, el Ministerio confirmó la exclusión escudándose en la “consideración especial” que tiene el sector agroalimentario en el marco la PAC, la Política Agrícola Común, y en lo dispuesto en el Reglamento 651/2014 de la UE, que concretan las categorías de ayudas compatibles con el mercado interior y que excluyen al sector de la pesca y la acuicultura, dejando solo espacio para las inversiones centradas en I+D.