Alegría y alivio entre las empresas gallegas cuyas instalaciones ocupan terreno costero. La noticia de que, en una sentencia del miércoles, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia establecía que las prórrogas extraordinarias a la ocupación del dominio público marítimo-terrestre debían empezar a contarse desde el momento de la solicitud de dicha prórroga y no desde que originalmente se otorgó la concesión, ha traído “seguridad jurídica” para el sector, según cuenta a FARO el secretario general de la Confederación Mar-Industria Alimentaria, Juan Vieites, que celebra que esta sentencia “puede servir de conducta para otras renovaciones”.
“Todos somos ecologistas, pero hay industrias que necesitan del agua del mar y difícilmente se pueden trasladar”, razona. “Siempre se nos compara con las empresas químicas y no tenemos nada que ver: la gran mayoría cumplen escrupulosamente el reglamento medioambiental e higiénico-sanitario”, valora Vieites, que apela también a la importancia que tiene el sector en Galicia.
En la sentencia, el TSXG estimaba el recurso de una empresa acuícola que había pedido una prórroga para seguir ocupando el terreno costero en el que ya estaba instalada, pero cuya concesión estaba cerca de finalizar. La Xunta había concedido dicha prórroga, pero para ello debía pedir un informe a la Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. En este informe, Costas establecía que la duración de la prórroga tenía que contarse desde el momento en que la empresa se instaló en dicha ubicación, pero, en la línea de las tesis de la empresa y la Xunta, el tribunal entiende que la prórroga debe empezar a contar desde que se pide.
“Nada sorprendente”
El abogado Fernando Otero, experto en casos relacionados con el sector mar-industria alimentaria, considera que la postura del tribunal no es “nada sorprendente” porque “aquí no hay duda jurídica”. El jurista considera que el TSXG “hace aquí más de notario que de juez porque la ley era muy clara”.
También la Xunta, que, en opinión de Otero, “estaba atada de pies y manos” a la directriz de Costas, ha celebrado la sentencia. Fuentes del Gobierno autonómico entienden que “da la razón a Galicia y al sector de la cadena mar-industria” y que el criterio de Costas no solo “genera inseguridad jurídica para más de un centenar de empresas y casi 4.000 edificaciones del litoral”, sino que también “pone en riesgo la viabilidad de empresas que diseñaron sus planes de acuerdo con los plazos previstos en la legislación” anterior a la Ley de Costas de 2013, que fue la que introdujo la figura de la “prórroga extraordinaria”, cuya interpretación por parte del ministerio dio origen al recurso.
Las mismas fuentes consideran que “la ley era muy clara al señalar que esa prórroga se otorgaba desde que se solicitaba” y, aunque aseguran no entender a qué se debe el criterio de la Administración Central, entienden que “responde a una concepción muy restrictiva de los usos del dominio costero” de Galicia.
Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica, contra cuya tesis se ha pronunciado el TSXG, ha declinado valorar la sentencia por “una cuestión de respeto elemental a la actuación de los tribunales”.
