Los llamados armadores de sofá, aquellos que teniendo cuotas no faenan y las emplean únicamente para venderlas cada año a otro operador, tienen sus días contados. La nueva Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera, cuyo proyecto fue aprobado este martes por el Consejo de Ministros, pondrá coto a esta actividad puramente mercantil y dará poderes a la Secretaría General de Pesca para retirar los cupos para su posterior redistribución entre aquellos que sí trabajan. Para ello, un real decreto establecerá “una limitación en el tiempo”, es decir, un período por el que el armador deberá hacer uso de sus cuotas. Según fuentes del Ministerio de Agicultura, Pesca y Alimentación, la idea es establecer un período máximo de dos años, aunque “habrá excepciones”, como la adquisición de otros cupos en su lugar para salir a pescar o en el caso de un cierre de una pesquería concreta por causa de fuerza mayor. “Hay zonas de España en las que una práctica así es corriente”, recuerdan.
El texto definitivo de este proyecto de ley, que ayer fue trasladado a los representantes del sector pesquero, recoge los principales puntos calientes que ya figuraban en borrador del anteproyecto, adelantado por este medio en marzo de 2021, y suma la disposición por la cual se adelanta la jubilación de un colectivo de 4.300 redeiras, mariscadoras, empacadoras, recogedores de algas, buceadores y neskatillas, que accederán a un coeficiente reductor en el régimen del Mar del 0,15, equiparándose de esta forma a otros trabajadores del sector pesquero.
El documento, de 55 páginas, contiene otros tantos artículos repartido en once títulos, además de seis disposiciones adicionales y seis disposiciones finales. Sus “dos pilares”, según defiende el Ministerio, “son la “sostenibilidad e investigación”, como ya figura en el propio nombre de la ley, ya que el departamento dirigido por Luis Planas defiende que “la gestión medioambiental debe ser inherente a la gestión pesquera”.
Sin embargo, la parte de mayor relevancia del articulado es el que aspira a “dar respuesta a los retos de la gestión pesquera”, es decir, al mejor aprovechamiento de las posibilidades de pesca que cada año la Unión Europea adjudica a España, tanto para sus aguas como para las comunitarias. “No olvidamos que es un sector económico, que debe de tener rentabilidad para tener perdurabilidad”, informan desde el Ministerio, que aspira a “garantizar la máxima seguridad jurídica a través de la transparencia y explicación de reglas clara”.
Posibilidades de pesca
Así, el título más significativo es el quinto, Medidas de gestión de los recursos pesqueros. Esta parte, compuesta de 13 de los 55 artículos del proyecto de ley, trata principalmente el reparto de las cuotas entre buques o grupos de buques y, para comenzar, actualiza los criterios de reparto, ampliando la utilización de otros más allá de la referencia histórica, como por ejemplo “la contribución a la economía local” de la zona desde la que opera el barco o el uso de artes más selectivas y respetuosas con el medio ambiente, primando a los armadores con más cuota. Eso, sin embargo, no supondría una penalización al arrastre, como parece perseguir la Comisión Europea. “Defendemos que las artes sean sostenibles, no entendemos que las artes sean per se insostenibles, incluyendo el arrastre”, explican fuentes del Ministerio. De igual forma, clarifican que “los repartos anteriores a la entrada de la ley mantendrán en toda su vigencia”.
Otro punto que trata es el de los “mecanismos de transmisión”, con el que se buscar “dar flexibilidad y facilitar la organización empresarial”. Así, el proyecto recoge que las cuotas “se podrán transmitir total o parcialmente, con carácter temporal o con carácter definitivo”, pero solo entre particulares, no entre grupos de buques como demandaba el sector. En este sentido, desde pesca concretan que a través de un real decreto se establecerán límites tanto “para que no se produzca acumulación” de cupos por parte de un barco como “para que se tengan que tener un mínimo para que sea factible la actividad”, que se encontraría por debajo de un 10% de las posibilidades totales asignadas al barco a principios de año.
Por otro lado, el Gobierno se reservará cada año con un 10% de cada una de las cuotas asignadas a España (ahora era un 3%). El principal objetivo es el de cubrir posibles casos de sobrepesca, para intercambios con otros países o para dar entrada a caladeros a barcos que puedan tener problema en su caladero tradicional, como pueden ser aquellos que se ven súbitamente expulsados de un tercer país. “Se hará una valoración y se retornará al sector”, comentan desde Pesca.
De igual forma, se creará una bolsa de cuotas en función de los consumos que se vayan haciendo a lo largo del año, “una adaptación dinámica” para luego repartir entre la flota. “Lo que queremos es que a unos les falte y a otros les sobre”, explican las mismas fuentes.
Sobre el tema de los armadores de sofá, el artículo es el número 42, sobre la gestión de cuotas no utilizadas, que se define como “la no captura de un porcentaje mínimo” de cupo (establecido por real decreto) por un buque o grupo de buques y “durante dos periodos de gestión completos y consecutivos”. “No creemos conveniente que se mantenga es una práctica que sea comerciar año tras año con las posibilidades de pesca”, estiman desde el Ministerio, que apuesta por “hacer una distribución adecuada de un recurso público”.
Pesca deportiva
Otro de los puntos de mayor relevancia es el que tiene que ver con la pesca recreativa, en el título seis, cuyo sector tuvo en su momento una reacción airada por los cambios que se proponen para su actividad. “Necesitamos tener datos de capturas para valorar la situación de los stocks”, esgrimen fuentes del departamento que dirige Planas, que aseguran que habrá “un sistema coordinado con las comunidades autónomas para tener unos datos homogéneos” Así, para realizar esta actividad se necesitará una licencia expedida por una región que tendrá validez para otras del mismo caladero y se creará un Registro de Pesca de Recreo.
Puntos calientes de la ley
El marisqueo se centrará ahora en el reconocimiento de enfermedades profesionales
UPTA-Agtamar cifra en más de 5.000 las mariscadoras, percebeiros y redeiras que se verán beneficiados con el adelanto de la jubilación, después de que el Consejo de Ministros aprobase el pasado martes el proyecto de Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera que incluye una disposición para incluir a varios colectivos del mar en los coeficientes reductores. Ahora considera que “se debe poner en marcha la revisión inmediata del catálogo de enfermedades profesionales del colectivo y la puesta en marcha de un nuevo catálogo de enfermedades profesionales para aquellos sectores altamente feminizados”. “Es una satisfacción para todos y no desistiremos hasta conseguir dignificar su trabajo con los catálogos de enfermedades profesionales, accidentes de trabajo y el resto de los asuntos aún sin resolver”, apuntó el presidente de UPTA, Eduardo Abad. La presidenta de Ammupesca, Rita Míguez, subrayó que es necesario proteger “el bienestar físico de miles de mujeres” que desarrollan “uno de los trabajos más duros del mercado de trabajo por cuenta propia”. Por otro lado, el PSdeG realizará una serie de enmiendas para proponer la inclusión de bateeiros y bateeiras en la ley, para que también se vean beneficiados por la medida. Así se lo trasladó Valentín González Formoso a una representación de mujeres del sector durante un encuentro celebrado ayer en la localidad coruñesa de Noia.
