El Real Decreto 1578/2009 obligó a una regularización de decenas de embarcaciones de bajura de toda España y, en concreto, de Galicia. Aquella medida, a la que no todos los barcos se acogieron, puede tener ahora que ver con el listado emitido por la Secretaría General de Pesca para privar de ayudas directas para paliar el alza de precios por la guerra en Ucrania a casi un centenar de barcos de la comunidad. El propio presidente de la Federación Galega de Confrarías, José Antonio Pérez, apuntaba a esta posibilidad. “Creemos que se trata de eso, pero tenemos que verlo bien”, indicó.
El listado, adelantado ayer por FARO, incluía en concreto a 112 embarcaciones de todo el litoral español que no podrían recibir la ayuda por estar en una situación “irregular”. De ellas, 97 tienen su puerto base en Galicia, siendo un buen número de ellas de A Illa de Arousa, localidad cuyo pósito se mostró más combativo cuando tuvo lugar aquella regularización.
El decreto buscaba limitaba la potencia máxima en los buques de hasta 12 metros de eslora y un buen número de barcos de bajura gallegos no cumplían con aquellas limitaciones, por lo que tuvieron que sufrir el proceso de regularización. El plazo para ello culminó a mediados de 2009, aunque se solicitaron prórrogas ante los problemas ocasionados.
“De ser así, no se entiende cómo estas embarcaciones no se pueden acoger a estas ayudas, porque siguieron faenando y sufrieron el alza de precios como el resto”, explican fuentes de los pósitos gallegos.
Las ayudas a las que no podrían acceder estos armadores son de 1.550,52 euros por embarcación, la cantidad mínima de los apoyos directos establecidos por Pesca. La cuantía total destinada es de 18,18 millones de euros y la previsión es que Galicia recibiese la mitad, 9 millones. El máximo que podrían recibir los buques, en función de los GT, es de 35.000 euros.
En la lista hecha pública esta semana, también figuraban otros barcos que no podrían recibir este apoyo. Son aquellos que figuran de baja en el censo o aquellos armadores que están “inhabilitados por sentencia firme para obtener subvenciones”.
