Galicia cuenta con casi la mitad de la capacidad pesquera de España. Es un sector que trabaja, desde la incorporación a la (en 1986) Comunidad Económica Europea, en una evidente contradicción: con el 25,3% del músculo extractivo, apenas dispone del 7% de las cuotas disponibles en aguas europeas. Es una realidad que no se ha modificado desde los ochenta, porque el sistema de reparto –denominado criterio de estabilidad relativa– ha sido intocable desde entonces. Y es lo que ha provocado que, año tras año, la flota haya sido una de la menos rentables del continente. Ahora ya está a la cola: de acuerdo a los últimos datos oficiales de la Comisión Europea (a través del Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries, Stecf), Portugal ha rebasado ya los niveles de productividad de los barcos de bandera española. La escalada de precios del gasóleo, que ayer cotizaba en Vigo a 1,067 euros el litro, arrastrará todavía más a la baja su rentabilidad.
El último informe del Stecf es de 2021. En él cifra en 582,3 millones de litros el consumo de la flota española en un año, muy por encima del país que ocupa el segundo puesto en esta clasificación (Francia, con 325,2 millones de litros). Respecto al conjunto de todos los estados costeros, uno de cada cinco euros que la industria destina a costes energéticos salen del bolsillo de armadoras españolas. No solo debido a su capacidad pesquera, sino también al envejecimiento de los barcos –Bruselas no permite ayudas para renovación de unidades, tampoco para sufragar nuevos sistemas de propulsión– y a su actividad en caladeros de muy larga distancia. Los datos oficiales son elocuentes: de los 259 buques europeos que trabajan a miles de millas de sus puertos base, 205 (el 63%) son españoles. Es el caso de los palangreros de A Guarda que operan en el Pacífico, los arrastreros congeladores del Atlántico suroccidental o atuneros del Índico. Se nutren de combustible en otros países, o mediante buques tanque en alta mar.
El agravio
Las de larga distancia o gran altura son las unidades de mayor capacidad de la flota española, y son barcos que quedarán al margen del bono descuento de 20 céntimos por litro que ha aprobado el Gobierno para compensar la subida del diésel. “La rebaja solo es aplicable si cargas en un puerto español, y solo de una petrolera española”, apuntaron ayer fuentes del sector a FARO. Un límite que ha airado de forma notoria a armadoras que, necesariamente, repostan en postes marítimos de Sudáfrica, Perú, Panamá o Seychelles. “Son barcos de bandera española, que pagan sus impuestos en España aunque faenen fuera”, arremetieron desde el segmento de palangre.
En esos puertos los precios no son mucho más bajos que en España. En Durban, por ejemplo, el gasóleo pesquero se paga a 1,014 euros el litro, frente a los 1,159 euros que costaba ayer en A Pobra. Aun con esos 20 céntimos de rebaja, el coste se situaría en el entorno de los 80 céntimos, muy por encima del máximo histórico registrado en la estación de servicio de Beiramar (0,66 euros en 2012). Los intentos del sector de lograr una rebaja como la aprobada en Francia, de 35 céntimos por litro, fueron en vano.
También hay límites para la subvención directa de hasta 35.000 euros, validada excepcionalmente por la Comisión Europea. De acuerdo a Bruselas, hay 632 armadoras en España que operan más de un pesquero. Pero esta ayuda a fondo perdido se repartirá por empresa, no por barco, con lo que sus buques quedarán mayoritariamente al margen de esta medida. Por último, el aplazamiento del pago de cuotas a la Seguridad Social –ronda los 20 millones de euros en el caso gallego– incluye un recargo del 0,5%, aspecto que también suscitó el enfado del sector.
La Confederación Española de Pesca (Cepesca) ya manifestó su decepción por el paquete de medidas de ayudas, al considerarlas que son “muy limitadas e insuficientes” ante el incremento de los costes de actividad por la guerra en Ucrania. La asociación explicó que el plan del Ministerio no tiene en cuenta “la complejidad” de la flota pesquera y demuestra “un alejamiento profundo entre los órganos reguladores y la realidad de esta actividad” por parte del Gobierno y Europa.
Entre las conclusiones, Cepesca quiere hacer “un análisis más profundo de la situación y recoger la opinión de las empresas con flotas, tanto de bajura como altura, integradas en sus diferentes asociados”. “Una vez hecho este ejercicio, el sector tiene previsto convocar a los medios durante los próximos días para pormenorizar la situación que vive actualmente y el negro futuro que ve a su actividad con los escasos apoyos y con las políticas europeas”, zanjó.
