“Es una noticia bomba y me parece increíble”. Con esta contundencia se pronuncia el sector pesquero español y comunitario tras conocer que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tendrá que pronunciarse sobre si los Estados miembro están fijando TACs (total admisible de capturas) y cuotas de pesca ilegales, provocando de esta forma una sobrepesca en los caladeros.
Así lo denuncia la organización medioambientalista ClientEarth, que a través de una asociación irlandesa ha conseguido por primera vez que el TJUE tenga que mojarse en estas cuestiones. Según la ONG, “los ministros de la UE han estado fijando sistemáticamente límites de pesca para el próximo año muy por encima de lo que los científicos han aconsejado”. Por este motivo, creen que la UE incumplió la promesa lanzada con la Política Pesquera Común (PPC) de acabar con la sobrepesca en 2020. “No creo que los jueces deban entrar a valorar estas decisiones políticas, sino acabaremos adoptando las cuotas de pesca en los tribunales”, lamenta el director general de la patronal comunitaria pesquera Europêche, Daniel Voces.
El Tribunal Superior de Irlanda elevó el caso al TJUE tras recibir la reclamación de la asociación Amigos del Medio Ambiente Irlandés (FIE, en inglés) para impugnar el reparto llevado a cabo para el año 2020. Con el apoyo jurídico de ClientEarth, la acción legal cuestionaba la validez del reglamento que fijaba el total de capturas permitidas para aquel año, acordado en diciembre de 2019.
Para las organizaciones medioambientalistas, casi la mitad de los TAC “se fijaron por encima de los dictámenes científicos”. “Dos años más tarde, alrededor de un tercio de los TAC recientemente acordados para 2022 siguen siendo insostenibles, incluso cuando algunas especies como el bacalao del oeste de Escocia y el del Mar Céltico continúan al borde del colapso”, critican.
La opinión del sector pesquero es radicalmente opuesta. Como recuerda Voces, “muchos de los objetivos de la PPC se adoptaron sabiendo que no eran realistas” y que se tradujeron en “políticas muy duras de reducción de la actividad pesquera y de cuotas” por parte de los países. Pese al sacrificio de la flota, el responsable de Europêche reconoce que “se han alcanzado grandes logros” en cuanto a los niveles de máximo rendimiento sostenible (RMS, es decir, el máximo de capturas que puede soportar una población de peces a largo plazo) alcanzados. “La práctica totalidad de las cuotas (para las que existe un análisis de RMS) se han fijado de acuerdo con los niveles de RMS en comparación con solo cinco en 2009”, recuerda.
El vigués, que recuerda que las aportaciones científicas “no dejan de ser recomendaciones”, critica que “algunas ONGs solo se contentarán cuando desaparezca la flota europea”. Otro vigués, Javier Touza, opina igual:
“Es una ofensiva más de determinadas organizaciones medioambientalistas contra la pesca”
Para el presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), la ONG está consiguiendo “llamar la atención y cuestionar la posible ilegalidad a la hora de fijar TAC y cuotas cada año”, lo que a su juicio “es una cuestión que puede tener unas consecuencias muy delicadas”. Para Touza, los movimientos medioambientalistas “han dado un salto cualitativo” al pasar de presionar al a flota (con la persecución al arrastre o a la pesca de tiburones) y crear material audiovisual (como el documental de Netflix Seaspiracy) a “impugnar la mayor” y “acudir a la corte irlandesa”.
“Se trata de más acoso, legal en esta ocasión; habrá que seguirlo de cerca, pero espero que tenga más influencia lo que diga el tribunal que la denuncia en sí”, apuesta por su parte el presidente de la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA, en inglés), Iván López. El armador recuerda, como Voces, que “la parte socio-económica también es obligatoria” a la hora de fijar las cuotas y no solo la medioambiental.
Postura de las ONG
Por su parte, desde las ONG que impulsaron creen que “debe rendir cuentas” cualquiera que “haya contribuido” a no acabar con la sobrepesca en 2020. “No debería haber sido una promesa vacía: era un plazo legalmente vinculante acordado por todos los Estados miembros e instituciones de la UE”, alega el abogado especializado en pesca de ClientEarth, Arthur Meeus.
Por su parte, el director de la FIE, Tony Lowes, cree que “los ministros de la UE deben dejar de ignorar la ciencia y recuperar estas poblaciones vulnerables”. A su juicio, “es vital para proteger el océano y garantizar la supervivencia de las comunidades costeras de toda Europa”. Ambas organizaciones esperan una “audiencia sobre el caso en unos meses”.
