Vengo observando a lo largo de una serie de años la deriva de las políticas comunitarias hacia lo que parecen posturas orientadas a satisfacer lo que se podían definir como políticas guay y que se alejan peligrosamente de los intereses reales de los ciudadanos y de los problemas económicos que pesan sobre sus economías domésticas. Vivimos en una época que semeja estar cada vez más esclava de las redes de comunicación social que, en ocasiones, ejercen tiranía de censores como son las exclusiones de determinadas opiniones porque sí, sin que medie una resolución judicial. Esto es muy peligroso para cualquier democracia.
Pues bien, esta situación empuja a algunos gestores políticos a lanzar eslóganes, como si fueran grandes principios económicos, para luego ver cómo se llenan de contenido. Esto en gran medida está pasando en la definición de los problemas de la actual política pesquera común de la UE sobre la que se formulan soluciones aparentemente vistosas para transformarlos en grandes objetivos que incluso pueden apartarse de los verdaderos objetivos de la PPC, sin tener en cuenta que dichos objetivos ni son ni pueden ser otros que los contenidos en los artículos 39 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que en su mayor parte han sido obviados en la formulación de las pasadas reformas de la PPC.
Se han ignorado los aspectos económicos y sociales y sobre todo la obligación que impone el Tratado sobre la gradualidad y lo que es más preocupante es que en algunos de los documentos de la Comisión aparece como principio básico de esta PPC la conservación de los recursos ignorando el resto. Actuar así es falsa democracia, ya que una verdadera democracia descansa sobre el derecho y la seguridad jurídica.
La conservación de los recursos no figura de manera explícita en los objetivos, sino que este objetivo sería en todo caso una conclusión lógica de lo contenido en el artículo 39(a) del TFUE, que busca “incrementar la productividad agrícola”. Si los actuales responsables de la Comisión tuvieran a bien analizar a fondo lo que dice dicho artículo, se verá que lo que se busca es el progreso económico de los ciudadanos, garantizar niveles de vida equitativos, estabilizar los mercados, garantizar la seguridad de los alimentos y asegurar al consumidor suministros a precios razonables. No voy a poner en duda la necesidad de llevar los recursos marinos de la UE a niveles cercanos al Rendimiento Máximo Sostenible ni a asegurar el mantenimiento de la biodiversidad, pero de ahí a que eso constituya desde el punto de vista estrictamente jurídico el objetivo principal, media un abismo.
Ya desde hace muchos años parece existir una absurda manía de querer formular una política pesquera alejada de los principios rectores de la economía como si la pesca fuera una actividad alejada de los principios económicos generales. Recientemente la actual directora general de DGMARE ha manifestado que la Comisión Europea ha iniciado los trabajos para revisar la Política Pesquera Común en 2022, con el fin de aplicar a esta actividad sus estrategias contra el cambio climático e incrementar la “gobernanza” internacional de los océanos. Pues bien, esto es muy preocupante, ya que parece demostrar una falta de ideas probablemente derivada a la clamorosa falta de expertos pesqueros en esa dirección general.
Es hora de hablar alto y claro y decir que centrar, por ejemplo, el problema de la sobrecapacidad en las subvenciones al combustible es de un infantilismo económico, pero que parece tomar cuerpo incluso a nivel mundial, donde se escucha preferentemente a falsos profetas con ideas extravagantes (por ejemplo el Dr. Pauly) y que venden sus productos a gestores sin ideas propias. Se olvidan otros objetivos del Tratado olvidando que la pesca es un sector más de la economía y por ello es absurdo no propiciar, entre otras cosas, la renovación de la flota y otras cosas por el estilo: eso equivale a propiciar explotaciones agrícolas que utilicen el arado romano.
Pues no. Es el momento de revisar la política pesquera común, pero para poner el elemento humano en el centro de los objetivos tal y como señala el artículo 39, es decir hay que lograr todos esos objetivos de forma armónica y simultánea. Hay que situar la política social en el centro de esta revisión y todo ello sin dejar de alinear la PPC con la política medioambiental y los grandes objetivos de la UE, como el Pacto Verde (Green Deal) y sobre todo, y de manera especial, hay que respetar los cauces democráticos en las consultas.
Ya desde hace tiempo existe una tendencia por parte de las instancias comunitarias a prestar más atención a las ONG, sobre todo a las más poderosas y de las que conocemos poco sobre su representatividad, en detrimento de los órganos verdaderamente consagrados en todas las democracias de la UE, como son los parlamentos de todo tipo, a los que algunos comisarios que hemos sufrido en la pesca parecen considerar que representan a intereses inconfesables. Ojo con esta deriva, que puede ser un ejemplo de un antidemocrático neodespotismo aparentemente ilustrado. Y digo aparentemente porque habría que examinar en profundidad los conocimientos pesqueros de los que deciden y proponen las revisiones.
