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Científicos del IEO, UVigo y USC, contra el diésel bonificado de la flota española

Una gasolinera en O Berbés. | MARTA G. BREA

La propuesta de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para acabar con los subsidios a la pesca incluye acabar también con las ayudas a la compra del combustible, lo que pone en el punto de mira en las exenciones en materia fiscal para el llamado gasóleo B, del que disfrutan para poder trabajar tanto la flota de altura como la de bajura, muy numerosa en regiones como Galicia. La negociación está en su recta final, con la intención de lograr un acuerdo antes de final de año, y los mensajes de apoyo a la propuesta no dejan de surgir. Tras las del G20 o de la FAO, llega ahora la de 270 científicos de todo el mundo a través de un escrito conjunto publicado en la revista Science. Entre ellos figuran tres profesores e investigadores de las universidades de Vigo (UVigo) y Santiago de Compostela (USC), así como del Instituto Español de Oceanografía (IEO).

Según comunicó ayer la UVigo, “los pagos gubernamentales que incentivan el exceso de capacidad de la flota y conducen a la sobrepesca están aumentando en todo el mundo y ponen en peligro la sostenibilidad de la pesca”. De hecho, califican la reunión ministerial de noviembre de la OMC como una “oportunidad única para alcanzar un acuerdo” y acabar con estas perniciosas ayudas. ¿Cuáles? “Consideran que un acuerdo eficaz debe eliminar las subvenciones del combustible, las subvenciones a flotas pesqueras de aguas lejanas y del arrastre de fondo; así como las subvenciones a embarcaciones ilegales”, resume la UVigo.

La postura es la opuesta a la que defiende el sector pesquero gallego y del resto de Europa, así como el Ministerio de Pesca español o la Consellería do Mar. A juicio de la industria y las administraciones, es necesario separar lo que son las ayudas a, por ejemplo, la construcción de nuevas embarcaciones o a la expansión de las operaciones pesqueras, con las ayudas al combustible como las de España, que constituyen una exención fiscal al gasóleo. Y es que los armadores calculan que el 40% de los costes operacionales de una compañía arrastrera radican hoy en el combustible. De eliminar esta bonificación, solo la flota gallega encararía un sobrecoste de 50 millones al año.

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