Entre el palacio presidencial de Sekhoutoureah y el puerto de Conakri median menos de 900 metros en línea recta. Este fin de semana, un grupo de militares comandados por el coronel Mamady Doumbouya decretó el cierre de las fronteras, el toque de queda nacional y la disolución de la constitución.
“Guineanos y guineanas, queridos compatriotas. La situación sociopolítica y económica del país, la disfunción de las instituciones republicanas [...] la pobreza y la corrupción endémicas han llevado al Ejército republicano de Guinea a asumir su responsabilidad frente al pueblo soberano de Guinea en su totalidad”, leyó Doumbouya en un vídeo grabado. El golpe de Estado en Guinea-Conakri pone fin a más de diez años de mandato de Alpha Condé, que renovó el pasado octubre el cargo en unas elecciones no exentas de polémica y acusaciones de fraude.
Y aborta asimismo la posibilidad de que la flota gallega, principalmente la cefalopodera, pueda volver a operar en sus aguas. No existe acuerdo vigente con la Unión Europea; “llevamos tiempo pidiéndolo”, recuerda el secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), Javier Garat. Tardará en llegar.
A principios de 2020 el Ejecutivo comunitario entendió que la situación de los derechos humanos en el país había mejorado, y por eso se planteó la reanudación de las negociaciones con Guinea para firmar un “acuerdo de colaboración de pesca sostenible”.
“Encargaron desde la Comisión Europea un estudio a dos consultoras”
Poseidon –artífice de informes como el asignado por Irlanda para elevar las descargas de pescado en sus puertos, en detrimento del de O Berbés– y MegaPesca fueron las compañías elegidas para este menester. En septiembre la Comisión informó al sector que estaban satisfechos con los avances de Guinea Conakry en materia de gestión pesquera”, de modo que la quincena de buques integrados en la Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Cefalópodos (Anacef) veía muchas posibilidades a mejorar su actividad. El problema, a ojos de Bruselas, era la inestabilidad política.
Las elecciones de octubre no resolvieron esta encrucijada; el golpe militar ha endiablado el escenario. Los comicios de 2020 ya fueron polémicas meses antes de su celebración, después de que Condé promoviera un referéndum constitucional para permitirle optar a un tercer mandato, y ordenara un cierre de fronteras –muchos guineanos viven en la diáspora– antes de ir a las urnas. Con todo, al sector pesquero se les trasladaron “avances” en las negociaciones. “Pero no se llego a concretar el acuerdo pesquero entre ambas partes”, apuntala Ulloa. El equipo del veterano mandatario ha sido relegado, y todo el cuerpo de altos funcionarios del país tendrán que entregar sus coches oficiales de inmediato. Doumbouya asegura que no habrá caza de brujas; la página web de la presidencia estaba ayer deshabilitada por “tareas de mantenimiento”.
“Me consta que alguna licencia privada sí podría haber”, agregan desde la Cooperativa. Algunos permisos fueron ofrecidos a distintas asociaciones de armadores, pero la situación política en el país no propició que éstas fuesen trasladadas a las empresas. Con todo, es posible que sí haya pesqueras que operen en Conakri con una licencia privada, aunque en Arvi no tienen constancia de ello. En 2019, un arrastrero de Marín, el Portomayor, fue retenido en el puerto guineano por acusaciones de pesca ilegal. “La retención del buque se ha producido debido a un litigo existente entre el armador y su consignatario guineano por el impago, por parte de este último, de las capturas desembarcadas”, explicaron entonces a FARO fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Entre las federaciones que han defendido un nuevo acuerdo pesquero con Guinea-Conakri figura Anabac (Asociación Nacional de Armadores de Buques Atuneros Congeladores). “La red de acuerdos de colaboración de pesca sostenible es una herramienta clave para difundir los valores de la PPC y consolidar la importancia e influencia de la UE en la gobernanza marina internacional y a nivel geoestratégico”, defendió ante Bruselas. El último acuerdo pesquero expiró en 2009, año en que se produjo la matanza de 157 civiles en la capital del país, ordenada por el capitán Moussa Dadis Camara. Hasta entonces operaban en sus aguas barcos de pabellón español como el Albacora Quince, Montemaior o Mar de Sergio.
