El Gobierno de Namibia dio luz verde, en 2016, a un megaproyecto para la extracción de arena fosfática en el lecho marino, a tan sólo 75 millas de Walvis Bay. La decisión fue tan controvertida que la semana pasada, la justicia del país dejó en suspenso la iniciativa, tal y como avanzó Faro. El polémico proyecto minero, que afectaría a un caladero del estado africano en el que faenan más de 40 barcos de empresas gallegas, ha quedado en el aire tras las denuncias interpuestas por las empresas pesqueras. La sentencia versa sobre que el proyecto no se solicitó de forma correcta ni en los plazos de autorización previstos.
La minería marina es un asunto delicado en múltiples sentidos. Así lo advierten más de 500 científicos y expertos en política marina de 44 países que han formalizado y firmado una petición para poner, al menos, en pausa esta práctica en las profundidades de los océanos. “Recomendamos que la transición para la explotación de los recursos minerales se pause hasta que obtengamos información científica sólida que permita tomar decisiones para que la minería de las profundidades oceánicas pueda ser autorizada sin causar un daño significativo al medioambiente”, reza la petición.
En un sentido similar se pronuncia la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, compuesta por 168 miembros, incluida la Unión Europea. Bajo el abrigo de Naciones Unidas, esta entidad pretende organizar, regular y controlar todas las actividades mineras relacionadas con la superficie marina. A través de esta organización, los estados que forman parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, organizan y controlan las actividades relacionadas con los recursos minerales en “beneficio de la humanidad”.
El último avance en este sentido llegó, de hecho, a finales del pasado junio auspiciado por el gobierno de Nauru. La pequeña nación del Pacífico exige a la Organización Internacional de los Fondos Marinos que se cree una normativa que regule la minería en aguas profundas, ante la creciente presión empresarial por impulsar esta nueva industria. Pero esto no le ha valido al Gobierno de Nuaru, que ha recurrido a una subcláusula de la convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que permite a los países apretar el gatillo de los dos años si sienten que las negociaciones van demasiado lentas.
La pequeña nación del Pacífico posee yacimientos de cobalto y otros metales útiles para la fabricación de baterías y otros sistemas de almacenamiento de energía. Naciones Unidas, encargada de supervisar esta actividad en aguas profundas, apunta que ninguna empresa submarina podría comenzar proyectos de este tipo en los próximos años. De hecho, cualquier solicitud actual de explotación está sometida a controles y procesos de entre dos o tres años de duración, por lo que el proyecto de extracción minera empezaría, como pronto en 2026.
En la petición suscrita por medio millar de científicos resaltan el estrés adicional que la minería de aguas profundas supondría para los ecosistemas marinos, que resultaría en una pérdida de biodiversidad así como un impacto irreversible en su funcionamiento a lo largo de varias generaciones. La escasez de información científica rigurosa, señalan, sobre la biología, la ecología y la conectividad de las especies y los ecosistemas de aguas profundas, amplía los riesgos de la minería de aguas profundas en alta mar, puesto que conlleva un desconocimiento de las implicaciones y repercusiones reales que podría tener esta actividad, advierten los expertos que han firmado la petición.
En un paso más los científicos argumentan que también se desconoce el impacto que pueden tener las columnas de sedimento que se generarían por las máquinas, que probablemente se desplazarían a grandes distancias bajo el agua. Por este motivo, los grupos ecologistas claman por una moratoria que permita obtener una evaluación adecuada de los riegos que conlleva esta actividad. Aunque, por lo pronto, la tecnología utilizada para explorar yacimientos en los fondos de alta mar todavía no está preparada.
Las advertencias de los expertos
Entre las preocupaciones que manifiesta la declaración respaldada por 500 expertos figuran la pérdida de especies únicas e importantes en términos ecológicos como resultado de la degradación del hábitat del fondo del mar. Se refieren también a la generación de grandes columnas de sedimentos que afectarían a los fondos marinos y las especies de aguas medias, más allá de los emplazamientos mineros reales y a la interrupción de importantes procesos ecológicos que conectan ecosistemas. Además, apuntan que la liberación de sedimentos, metales y toxinas al agua, tanto procedentes de la extracción del lecho marino como de la descarga de aguas residuales mineras de los barcos, podrían contaminar especies comestibles.
