El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, anunció antes de la pandemia que llevaría a cabo una profunda revisión de la Ley de Pesca Marítima del Estado. Al frente de estos trabajos está Alicia Villauriz. Como secretaria general de Pesca, la gallega lidera la redacción del texto adelantado por FARO y de los dos que lo acompañarán, sobre digitalización y control del sector. Todo ello en medio de las dificultades que supone una industria a menudo golpeada desde varios frentes. Como reconoce, la pesca supone “un reto cada día”.
"No entiendo las críticas; el diálogo con el sector es, ha sido y será permanente"
–La nueva Ley de Pesca Sostenible, ¿es su mayor reto en sus dos etapas como secretaria general?
–La ley es un proyecto muy importante porque de alguna manera sienta unos principios y quiere establecer una modernización a la hora de abordar la gestión pesquera. Es de los retos principales, pero es verdad que el día a día y las situaciones que se van produciendo, siempre con cosas que no contabas, requieren de respuestas ágiles, rápidas y lo más acertadas posible.
–Busca el aprovechamiento máximo de las cuotas. ¿Por qué se ha llegado al punto de necesitar expropiarlas?
–Cada año se celebran negociaciones de TAC y cuotas con las que se asignan las posibilidades de pesca, sobre las que es necesario establecer unas reglas para utilizarlas lo mejor posible. Es gestionar unos recursos públicos y finitos, a los que se necesita prestar una gestión para cumplir unos principios. Tenemos una gran carga de responsabilidad de que se utilicen adecuadamente, por eso es necesario que se usen al máximo posible. Tenemos la obligación de dar todas las facilidades y mecanismos para que esas posibilidades de pesca no se pierdan.
–Se manifestó en contra de los llamados “armadores de sofá”. ¿Serán estos los más afectados?
–Las situaciones pueden diferir de un año para otro. Es cierto que aquellos armadores que no tienen necesidad de utilizar las posibilidades de pesca que tienen, que lo único que hacen año tras año es trasladar a otros esas posibilidades de pesca sin usarlas ellos mismos, pues es evidente que no las necesitan.
–¿Qué baremo se usará?
–La ley establece unos principios y ese es uno de ellos. Luego habrá que establecer vía decretos u órdenes ministeriales todos los detalles que obviamente tendremos que discutir con el sector. Haremos las propuestas más oportunas, veremos qué casuística se está dando para la no utilización de esas cuotas y, cuando se confirmen los casos en que las posibilidades de pesca no son utilizadas ni intercambiadas ni revertidas a la actividad pesquera, pues obviamente habrá que hacer que otros las puedan utilizar.
“Seríamos temerarios si cogiésemos los repartos efectuados y empezásemos ‘ex novo’”
–¿Sin indemnización?
–Es que estamos hablando de recursos públicos que de una manera importante utilizan la historia que está detrás en el uso de esas posibilidades de pesca. Lo que hacemos es trasladar una asignación global que se hace a España a todos aquellos interesados y que viven de la actividad pesquera.
–También plantean dar entrada a barcos que tienen esa historicidad en algunos censos. ¿Por qué no gusta esta medida a parte del sector?
–Pensemos en un acuerdo con un país tercero como Marruecos o Mauritania, que por alguna circunstancia no se renueva y se cierra el caladero. A esos barcos es necesario darles una alternativa para que puedan seguir desarrollando su actividad. Ese es el objetivo principal cuando pensamos en esta medida, sin llevar al caladero donde los vamos a reubicar a una situación de sobrexplotación o no interferir con los que están allí. Es nuestra obligación encontrar soluciones a estos problemas. Muchos de los que ven con reticencia este planteamiento se pueden ver en una situación así y les gustaría tener una salida.
–También se prevé tocar los repartos...
–No hay voluntad de hacer cambios de todos los repartos que están hechos. Seríamos unos temerarios si cogiésemos todos los repartos efectuados y empezásemos ex novo. Creemos que de cara a futuros repartos es bueno abrirnos un poco a tener en cuenta otros criterios, no solo el histórico. Es razonable entrar en otro tipo de consideraciones, como aquellos que están más implicados en aplicar medidas que redundan en el buen estado del caladero por usar redes más selectivas. Es bueno primarles en una medida ponderara y equilibrada.
“El sector recreativo, para mi sorpresa, ha reaccionado de una manera virulenta”
–Al sector profesional no le gustó la forma de elaborar el anteproyecto. ¿Entiende las críticas?
–Sinceramente no. Con el sector hablamos todos los días y conocemos sus opiniones, sabemos de sus sensibilidades, pero además tuvimos reuniones formales e informales, con o sin textos, pero sí sobre las ideas fundamentales que iban a estar en la ley. Creo que la polémica se estableció en que determinada parte del sector exigía un texto desde el principio para opinar y a mí me parece que desde el punto de vista formal no es lo adecuado. El texto se distribuyó cuando se informó positivamente de él al Consejo. Queríamos seguir los procedimientos establecidos. El diálogo con el sector es, ha sido y siempre va a ser permanente.
–¿No hubiera cambiado la forma de proceder?
–Soy partidaria de dar los pasos cuando corresponde darlos. A partir de ahora se abre un proceso continuo en el que se tendrán las reuniones necesarias. Aún queda mucho proceso de debate, consenso y movimiento de textos.
–De qué parte ha recibido más alegaciones, ¿de la pesca profesional o de la recreativa?
–De la recreativa… Hemos recibido muchísimas al real decreto, que va anticipado a la ley. El sector recreativo, para mi sorpresa, ha reaccionado de una manera virulenta ante un texto que lo que pretende es conocer lo que tenemos en pesca recreativa. Tenemos una serie de obligaciones sobre las que se van a profundizar en el reglamento de control. Lo único que queremos es saber lo que hay y poner un poco de orden, conocer el impacto en el medio. Somos conscientes también de que los trabajos científicos deben contar con esta información. No queremos perjudicar al sector, al que reconocemos su contribución en el desarrollo económico en zonas costeras.
–¿Qué opina del control a la bajura que provocó las manifestaciones de la bajura en Galicia?
–Al reglamento de control le queda una parte muy importante de discusión. Todavía no está adoptada la posición del Consejo y a partir de ahí se iniciarán los trílogos, donde ambos con la Comisión Europea empezarán a ajustar posiciones. Tratamos de tener en cuenta que las modificaciones que se acuerden se prevean con una serie de plazos suficientes para poderlos aplicar. Hay cosas que realmente son inaplicables, como el control del marisqueo a pie, que en sí mismo no es no solo razonable ni lógico. Otras cosas habrá que seguirlas discutiendo. Hay temas sensibles en los que intentamos mejorar posiciones, como el control de los motores o las cámaras a bordo, que queda limitado a un determinado tipo de barcos que es factible y conveniente que utilicen.
“Noruega actúa de manera contraria a lo razonable y a la ley”
–La crisis pesquera con Noruega por el bacalao y la caballa continúa. ¿España reclama sanciones?
–Trabajar a la contra con Noruega es difícil. Es una potencia pesquera importante y hace valer su fuerza. Está actuando de una manera contraria a lo razonable y a la ley. Así lo reflejamos en el plano bilateral, pero sobre todo a nivel comunitario. Bruselas interactúa con Noruega por el bacalao de Svalbard siendo muy contundente porque se están saltando las normas internacionales y, concreto, el Pacto de París. En el caso de la caballa es un comportamiento desastroso, tanto de Noruega como de los demás que se fueron adjudicando cuotas. La UE es responsable, pero ante un comportamiento así hay que estudiar qué medidas se pueden poner en práctica. Se está negociando los contingentes arancelarios y creemos que no debe incluirse la caballa.
–¿Cree que habrá acuerdo en la OMC para los subsidios a la pesca?
–Con la OMC nunca se sabe. En pesca el elemento diferencial es que estamos ante una organización que necesita resultados para ganar credibilidad.
–¿En qué punto están las conversaciones?
–Estamos en una situación en la que parecía que el 15 de julio iba a haber acuerdo con toda seguridad y ahora las seguridades no son tantas. Ahora mismo estamos en un estado de indefinición. Las cosas están todavía abiertas. Las principales preocupaciones que tenemos no son otras que garantizar que el suministro de gasoil se va a poder realizar a los precios que se necesitan para que la flota no entre en situación de antirrentabilidad y que las ayudas del Fondo Europeo Marítimo Pesquero y Acuícola (Fempa) se consideren válidas.
–En relación al Fempa, ¿se podrán renovar barcos?
–Los parámetros de habitabilidad, eficiencia energética y seguridad están contemplados en el Fempa porque hemos hecho esa gestión. Eso siempre que no se aumente la capacidad pesquera. Sin esas transformaciones que se requieren en los barcos para hacerlos más habitables, confortables y seguros, yo creo que el relevo generacional seguirá estando es cuestión y seguiremos con esa incertidumbre que no conviene.
