El pasado 21 de abril, el Parlamento gallego demandó, a propuesta del BNG, instar al Gobierno central a rebajar el IVA de la pesca al 4%. La moción fue apoyada por todos los grupos de la Cámara, y supondría dar la consideración de “esencial” a estos productos, como la tienen ya el pan, los huevos, los cereales, los medicamentos o los vehículos para personas con movilidad reducida. A día de hoy, el pescado tiene un gravamen en España seis puntos superior, del 10%, uno de los más elevados de toda Europa. La unanimidad que reflejó la votación del parlamento autonómico es la de toda la industria, que lleva años reivindicando su carácter no solo esencial a nivel económico –con la pandemia del COVID lo ha tenido–, sino también a nivel social o de salud. “La bajada del IVA del pescado supondría un aumento de su consumo y una dieta más saludable, y conseguiría disminuir las enfermedades y el coste sanitario”, ha defendido, en su último editorial, la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura (Conxemar). Pero en Madrid no están en disposición de atender a este reclamo, que es un clamor generalizado. El pescado no tendrá un IVA superreducido.
Así lo acaba de zanjar el Gobierno central a través de una respuesta parlamentaria, con fecha del 20 de mayo. “Se mantiene la aplicación del tipo impositivo del 10% a las sustancias o productos, cualquiera que sea su origen que, por sus características, aplicaciones, componentes, preparación y estado de conservación, sean susceptibles de ser habitual e idóneamente utilizados para la nutrición humana o animal, de acuerdo con lo establecido en el Código Alimentario y las disposiciones dictadas para su desarrollo, excepto las bebidas alcohólicas”, reza textualmente el documento oficial, en respuesta a una pregunta por escrito del diputado Néstor Rego (BNG). Así las cosas, a la merluza o a las sardinas se les continuará aplicando el mismo gravamen que a una noche de hotel. Es el IVA reducido, del 10%, que también es de aplicación a los servicios de transporte, obras de rehabilitación o entradas a museos.
La justificación
El Ministerio de Hacienda, responsable de la política fiscal en España, señala a Europa para justificar su postura. “Debe recordarse que los Estados miembros y la Comisión Europea han asumido un compromiso para limitar la aplicación de los tipos reducidos y para no incluir nuevas categorías de bienes y servicios que puedan disfrutar de una tributación reducida, una vez analizado el significativo impacto presupuestario que lleva consigo y su reducido efecto en los precios finales al consumo de los bienes y servicios a que afecta”. Ahora bien, a nivel europeo las tasas a los productos de la pesca son generalmente menos onerosas. En Irlanda, Reino Unido y Malta, por ejemplo, el pescado está exonerado de IVA, y en Luxemburgo el gravamen es del 3%. Italia lo mantiene al mismo rango que España, pero por encima en todo caso de Portugal (6%, tipo superreducido), Francia (5,5%) o Chipre (5%). Alemania, que aplicaba un IVA del 7% al pescado, anunció, tras la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, la reducción de ese tipo al nivel de los chipriotas.
“Debe tenerse presente que, en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido –abunda el Gobierno en su respuesta al diputado nacionalista–, la Comisión Europea ha venido manteniendo en distintos informes la necesidad de que España eleve los tipos de gravamen y amplíe la base del tributo, a fin de buscar el alineamiento de nuestro país con el resto de socios europeos”. No es el caso del pescado. Para Hacienda, la pérdida de recaudación sería muy perjudicial para las arcas públicas, y el descenso del IVA tendría ese “reducido efecto” en el precio final. La industria ya ha negado la mayor. Para la misma Conxemar, “económicamente, el coste sanitario no hace más que subir y puede llegar a hacerse insoportable, como ya ocurre en Estados Unidos, donde representa el 17% del PIB. La bajada del IVA del pescado conllevaría una menor recaudación, que se compensaría más que sobradamente con la disminución de los gastos sanitarios”.
El pasado verano, los responsables del sector pesquero apuntaron que una rebaja fiscal supondría una merma en la recaudación de menos de 500 millones, que “se vería compensada con la disminución del incremento del gasto sanitario por enfermedades relacionadas con una mala alimentación”. Este manifiesto fue suscrito por la patronal Cepesca, la Asociación Empresarial de Acuicultura de España (Apromar), la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas (Anfaco), la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, los mayoristas (Fenamar) y la Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados (Fedepesca). El consumo de pescado en España acumula una década de descensos, según los últimos cálculos del sector.
