La situación en Portugal está descontrolada. Especialmente en zonas situadas en el estuario del río Tajo, al lado de la capital, Lisboa. Allí los furtivos campan a sus anchas, una considerada mafia por parte de las autoridades lusas que cada mes realizan aprehensiones de kilos y kilos de almeja, tanto en la zona como en carreteras de todo el país. La falta de control en los arenales y en los centros de expedición provoca que cargamentos recolectados de forma ilícita en zonas con toxinas se expandan por el mercado europeo desde España, principalmente a través de Galicia (aunque no de forma exclusiva), con documentación falsa. “No es aceptable que se ponga en duda a operadores europeos con documentación emitida por las autoridades portuguesas”, señalan desde la Asociación de Empresarios Depuradores de Moluscos, Agade, que ya traza un plan para “poner freno al desmán” del país en sus zonas de producción. La patronal pedirá a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) que lleve el caso ante la Comisión Europea, una petición que respaldará la patronal conservera Anfaco-Cecopesca y con la que se busca que Portugal “siga los criterios de control de proveedores de moluscos unánimemente establecidos en el resto de países de la UE”.
Agade y Anfaco actuarán ante la Aesan
El movimiento de Agade llega después del anuncio de los resultados de la operación Tagus Clams. Coordinada por la Europol, fue realizada en España, Portugal e Italia y el objetivo era el furtivismo y distribución ilícita de almeja desde la costa lusa, que se saldó con siete firmas investigadas, ocho detenidos y 1,5 toneladas de la especie intervenida. Los arrestados están acusados de delitos de pertenencia a organización criminal, contrabando, blanqueo de capitales, falsedad documental, delito fiscal y contra la salud.
Según explica el jurista de Agade, Fernando Otero, “hay una realidad no resuelta pese a los claros mandatos de la CE”. “Los importadores legales (que son el 99%) siguen padeciendo las consecuencias de la descoordinación entre las autoridades portuguesas y las comunitarias a la hora de definir definitivamente los criterios para reconocer a los proveedores legítimos de bivalvo extraído en Portugal”, apunta Otero. Como el ejemplo, el presidente de Agade, Roberto Fariña, recuerda que “a día de hoy la lista de productores portugueses no está actualizada y debería haberlo estado desde el 1 de enero”.
Tanto Otero como Fariña recuerdan que se trata de un problema “antiguo”, pero que “está dando muchos problemas” a las depuradoras. “Requiere de un posicionamiento activo y claro de la Comisión y los estados para disipar de una vez cualquier sombra de duda sobre los lotes de bivalvos originarios de Portugal”, resume Otero.
Ante la falta de respuestas por parte del Gobierno de Portugal a las reclamaciones de Agade, la asociación se dirigirá directamente a la Aesan y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El secretario general de Anfaco, Juan Vieites, confirma que respaldará la petición ante la Aesan: “Y yo lo plantearé también allí, pidiendo el cumplimiento de las normativas por parte de todos y la vigilancia correspondiente”.
Importaciones
Mientras los decomisos siguen creciendo al otro lado de la raia, en Galicia el mercado sufre el golpe y la entrada del bivalvo luso. Desde 2018 la producción de almeja (de las variantes japónica, babosa, fina, bicuda y rubia) se redujo en la costa gallega un 25%, al cerrar el pasado año con casi 4.000 toneladas vendidas en las lonjas gallegas por 50 millones.
Cierto es que la paralización del sector marisquero gallego tras el estallido de la pandemia y el cierre de la hostelería hizo mella en las cifras. Sin embargo, las compras en el extranjero de almeja vivieron un repunte. Los datos de la Secretaría de Estado de Comercio reflejan que Galicia importó un 43% más el pasado año: 6.110 toneladas por 22,6 millones de euros.
En lo que va de año la venta de almeja en las lonjas de la comunidad mejoran las cifras del pasado año, sin embrago, aún son peores que antes de empezar la crisis sanitaria por COVID. En los cuatro primeros meses del año se vendieron 731 toneladas por casi 10 millones de euros, un 38% menos que en los mismos meses de 2019 en cantidad y un 18% menos en valor.
