El palangre gallego avisó. La Xunta les dio la razón con informes jurídicos. Y, finalmente, el sector actuó. La flota que dedica a la pesca de pez espada y tiburón ha decidido tomar medidas legales contra el Gobierno por impedir la comercialización de marrajo, una especie de escualo que captura de forma accesoria y legal de acuerdo a la normativa europea y de la organización regional de pesca que regular el Atlántico. La lucense OPP-7 ha abierto la veda con una reclamación por vía administrativa ante tres ministerios por responsabilidad patrimonial ante la prohibición a la comercialización del marrajo capturado durante 2020, medida que estudian tomar también los armadores de ARVI (Vigo) y Orpagu (A Guarda). La OPP-7 reclama 205.000 euros en nombre de cinco de sus empresas.

Los problemas llegan desde la inclusión de la especie en el Apéndice II del Cites en 2019

Según explicaron ayer desde la organización, los motivos para presentar la reclamación radican en “la contradicción y descoordinación entre los tres Ministerios”, es decir, los de Pesca, Transición Ecológica y Comercio; la no existencia de “resolución ni comunicación de cierre ni de limitación de las capturas”; el cumplimiento de la legalidad a la hora de pescar el marrajo marcada por parte de la Iccat (la organización regional de pesca), y la falta de “sentido” del” veto o la prohibición de comercializar el marrajo capturado de forma legal”. A juicio de los armadores lucenses, “lo único que consigue es un perjuicio a las empresas, cuando el marrajo ya está procesado”.

La reclamación económica se basa en el valor estimado de la venta no producida (con el precio medio anual) más el coste del frío de almacenamiento en cámaras. Además, las firmas están preocupadas de que además tengan que hacerse cargo de la destrucción de las cantidades almacenadas, lo que agravaría considerablemente estos costes.

El problema con el marrajo deriva de la inclusión de la especie en el Apéndice II de la Convención Cites en 2019, lo que generó una mayor burocracia para la comercialización de la especie y que derivó en lo que el sector considera una injerencia de Transición Ecológica en materia pesquera al dejar de dar los permisos de exportación en base a criterios conservacionistas.