El visto bueno a la Ley de Cambio Climático sin cambios agita al sector del mar: “Lucharemos”

El esfuerzo del sector mar-industria gallego durante los últimos meses no fue suficiente. La Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados aprobó ayer tras una larga sesión y con votación a mano alzada el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética impulsado por el Gobierno. El resultado fue de 22 votos a favor, cinco en contra (de Vox) y diez abstenciones (de PP y Más País).

“Esto va para muy largo; pelearemos”

Con ello, el texto se aprobó con un articulado que, entre otras medidas, supondrá una modificación de las concesiones en terrenos de dominio público marítimo terrestre que a juicio de Galicia es “inconstitucional” y que según el sector generará una “inseguridad jurídica” que hará imposible trabajar en la costa. El texto queda ahora pendiente ya solo de su último trámite en el Senado. Mientras, la Confederación Sectorial Mar-Industria, creada precisamente para intentar frenar esta parte de la ley, ha avisado a FARO que la unión creada en estos meses “no se perderá” y que plantará batalla: “Esto va para muy largo; pelearemos”.

El Congreso aprueba la primera ley para mitigar el cambio climático en España

El debate comenzó a las 10.00 horas y se prolongó hasta las 15.00, con el estreno del voto por videoconferencia tras un positivo por COVID de un diputado de ERC. Durante el mismo la “falta de consenso, diálogo y de ambición climática de la futura ley” planeó ante una norma que podría entrar en vigor este mismo mes de abril, dada su tramitación urgente.

Entre sus objetivos, tal y como recoge Efe, la futura norma parte con dos fechas clave para su desarrollo: una, 2030, cuando España deberá reducir un 23% las emisiones de efecto invernadero respecto a 1990 (tres puntos más del texto que el Gobierno envió al Congreso hace ahora casi un año), y otra, 2050, año para alcanzar la neutralidad climática. También se prohibirán los sondeos y prospecciones de combustibles fósiles, obligará a que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes tengan una zona de bajas emisiones en 2023, impulsará la rehabilitación energética de los edificios y el despliegue de las renovables.

A mayores de todo ello está el artículo 18 y, en concreto, sus puntos 18.3 y 18.4, muy criticados desde Galicia tanto por parte de la Xunta como por el sector mar-industria. Tanto unos como otros vienen defendiendo que esta parte del articulado tendrá consecuencias en el régimen de prórroga extraordinaria que contempla la vigente Ley de Costas para las concesiones del tejido empresarial que se encuentra en el dominio público marítimo terrestre y que, por ello, se limitaría el plazo de hasta 75 años que permite la normativa al tener una “evidente eficacia retroactiva tácita”.

Así lo recogía, por ejemplo, el informe del Consello Consultivo de Galicia que, al igual que el de la Asesoría Jurídica de la Xunta califica esta parte de la ley de “inconstitucional”, motivo por el que el miércoles anunció que de mantenerse el redactado tras la votación recurrirían ante el Tribunal Constitucional.

Sobre esto, el presidente de la Administración gallega, Alberto Núñez Feijóo, reafirmó la voluntad de recurrir el texto ante el Constitucional y lamentó los infructuosos intentos de la Xunta. “Llevamos meses intentando convencer al Gobierno central de que no apruebe el artículo 18”, indicó el mandatario, que recordó la remisión de “más de 100 propuestas” para ello.

Mientras, el secretario general de la Confederación Sectorial Mar-Industria, Fernando Otero, lamentó ayer el resultado de la votación, pero resaltó la unión del sector y el trabajo que queda por delante.

“Hoy no es el final de nada sino el principio de todo, un punto y seguido. Este tema nos ha unido, pero hay mucho trabajo por delante, en este tema y en muchos otros cruciales”

Fernando Otero

— Secretario general de la Confederación Sectorial Mar-Industria

La Confederación aseguró que estará “vigilante” ante “lo que haga Costas” con las concesiones y que seguirán con su “deber de explicar al sector y a la sociedad las consecuencias potencialmente perniciosas de este artículo 18”. “Es una fuente potencial de problemas muy serios para la continuidad estable y segura del sector en sus ubicaciones en la costa”, insistió Otero, que adelantó que seguirán creciendo y que mantienen “la mano tendida al acuerdo”.

El debate

Durante el debate el grupo popular fue muy crítico con la norma, que tilda de “mala, perjudicial para muchos y sobre todo de desprecio a la España rural”, según el diputado Diego Requena, quien incidió en que es una ley “sectaria, sin apenas consenso y cuyo trámite debería haber sido como pacto de Estado”. El vigués Diego Gago, por su parte, recordó los informes jurídicos enviados desde Galicia y criticó que fueran ignorados. La propuesta para retirar todo el artículo 18 tampoco salió adelante.

Desde el Grupo Plural habló el gallego Néstor Rego (BNG), que en su intervención hizo una defensa del sector del mar de la comunidad ante los posibles efectos del artículo 18 y de la enmienda transaccional presentada, en la que se excluía a la industria en el redactado y que figuraba como la más esperanzadora para la Confederación. PP, PSOE y Podemos votaron en contra, lo que para Rego es “injustificable” y “un desprecio por el futuro de actividades sostenibles”.

Para Germán Renau, del PSOE, la de ayer fue una jornada “histórica” por la aprobación de un texto climático que ha gozado de un “diálogo constante” (al contrario de lo que defiende el sector mar-industria en Galicia), reflejado en la cantidad de enmiendas presentadas. A su juicio, se trata de un texto con el que “España se colocará a la cabeza de la ambición climática”.

Por su parte, Juantxo López de Uralde (UP) afirmó que es “una buena ley” que acaba con “una estrategia de negacionismo” padecida en España durante años. Mientras que desde las filas de Vox, Pedro Requejo lamentó el rechazo de su enmienda a la totalidad y desde las de Cs Carmen Martínez mostró su decepción ante una ley “muy esperada pero deficiente.

Una normativa que también pone en jaque a Ence

Las movilizaciones de los trabajadores, las negociaciones de la empresa Ence y las advertencias de “inconstitucionalidad” de la Xunta no dieron resultado, al menos de momento. La aprobación ayer del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética limitará la presencia de la pastera en la ría de Pontevedra a un horizonte de 12 años, según la dirección de la firma.

La ley sigue adelante sin modificarse el polémico artículo 18.4, al que alude Ence para advertir de que puede suponer su cierre en 2033, ya que esa cláusula establece un periodo máximo de 75 años, incluidas las posibles prórrogas, para las concesiones de Costas.

La pastera recibió en 2016, con el PP en el Gobierno (en funciones), una ampliación de esa autorización hasta 2073, que está recurrida en los tribunales. La oposición trató de cambiar el artículo de la ley, que refrenda la retroactividad de esa medida y que afecta no solo a Ence, sino a toda la industria del mar ubicada en el litoral. El diputado del BNG Néstor Rego propuso que el polémico artículo se limitara a las “empresas contaminantes” pero no a las de este sector, mientras que el vigués Diego Gago, del PP, planteó su retirada completa.

Si durante semanas fueron la empresa y sus trabajadores los que encabezaron la protesta contra la ley, los últimos intentos de modificarla los realizó la Xunta, que llegó a tachar de “inconstitucional” el artículo 18, mediante un dictamen del Consello Consultivo de Galicia.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya respondió el miércoles a la Xunta por carta, donde dice que no considera que la Ley de Cambio Climático “vulnere la seguridad jurídica” ni que sea “inconstitucional”. Asegura que “nada obsta que, concluido ese plazo máximo de 75 años, pueda solicitarse una nueva concesión”. Igualmente, deja claro que “ese artículo no será objeto de aplicación retroactiva”, al contrario de lo que afirma la Xunta en base a dos informes jurídicos.

Hace unos días el secretario de Estado del Ministerio de Transición Ecológica, Hugo Morán, aseguraba que el 18.4 “no afecta en absoluto a Ence”. No obstante, aun así, fijó el mismo horizonte de permanencia en la ría que tanto teme la pastera: el año 2033. Pero el final de Ence en la ría no vendría definido por esta nueva normativa, sino por la legislación ya en vigor, concretamente la Ley de Patrimonio y por lo que decidan los tribunales en relación a la prórroga de 2016.

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