Durante el debate el grupo popular fue muy crítico con la norma, que tilda de “mala, perjudicial para muchos y sobre todo de desprecio a la España rural”, según el diputado Diego Requena, quien incidió en que es una ley “sectaria, sin apenas consenso y cuyo trámite debería haber sido como pacto de Estado”. El vigués Diego Gago, por su parte, recordó los informes jurídicos enviados desde Galicia y criticó que fueran ignorados. La propuesta para retirar todo el artículo 18 tampoco salió adelante.
Desde el Grupo Plural habló el gallego Néstor Rego (BNG), que en su intervención hizo una defensa del sector del mar de la comunidad ante los posibles efectos del artículo 18 y de la enmienda transaccional presentada, en la que se excluía a la industria en el redactado y que figuraba como la más esperanzadora para la Confederación. PP, PSOE y Podemos votaron en contra, lo que para Rego es “injustificable” y “un desprecio por el futuro de actividades sostenibles”.
Para Germán Renau, del PSOE, la de ayer fue una jornada “histórica” por la aprobación de un texto climático que ha gozado de un “diálogo constante” (al contrario de lo que defiende el sector mar-industria en Galicia), reflejado en la cantidad de enmiendas presentadas. A su juicio, se trata de un texto con el que “España se colocará a la cabeza de la ambición climática”.
Por su parte, Juantxo López de Uralde (UP) afirmó que es “una buena ley” que acaba con “una estrategia de negacionismo” padecida en España durante años. Mientras que desde las filas de Vox, Pedro Requejo lamentó el rechazo de su enmienda a la totalidad y desde las de Cs Carmen Martínez mostró su decepción ante una ley “muy esperada pero deficiente.
Una normativa que también pone en jaque a Ence
Las movilizaciones de los trabajadores, las negociaciones de la empresa Ence y las advertencias de “inconstitucionalidad” de la Xunta no dieron resultado, al menos de momento. La aprobación ayer del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética limitará la presencia de la pastera en la ría de Pontevedra a un horizonte de 12 años, según la dirección de la firma.
Se mantiene el límite de las concesiones en 75 años, lo que sitúa el final de la planta en 2033
La ley sigue adelante sin modificarse el polémico artículo 18.4, al que alude Ence para advertir de que puede suponer su cierre en 2033, ya que esa cláusula establece un periodo máximo de 75 años, incluidas las posibles prórrogas, para las concesiones de Costas.
La pastera recibió en 2016, con el PP en el Gobierno (en funciones), una ampliación de esa autorización hasta 2073, que está recurrida en los tribunales. La oposición trató de cambiar el artículo de la ley, que refrenda la retroactividad de esa medida y que afecta no solo a Ence, sino a toda la industria del mar ubicada en el litoral. El diputado del BNG Néstor Rego propuso que el polémico artículo se limitara a las “empresas contaminantes” pero no a las de este sector, mientras que el vigués Diego Gago, del PP, planteó su retirada completa.
Fábrica de Ence en Pontevedra
Si durante semanas fueron la empresa y sus trabajadores los que encabezaron la protesta contra la ley, los últimos intentos de modificarla los realizó la Xunta, que llegó a tachar de “inconstitucional” el artículo 18, mediante un dictamen del Consello Consultivo de Galicia.
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya respondió el miércoles a la Xunta por carta, donde dice que no considera que la Ley de Cambio Climático “vulnere la seguridad jurídica” ni que sea “inconstitucional”. Asegura que “nada obsta que, concluido ese plazo máximo de 75 años, pueda solicitarse una nueva concesión”. Igualmente, deja claro que “ese artículo no será objeto de aplicación retroactiva”, al contrario de lo que afirma la Xunta en base a dos informes jurídicos.
Hace unos días el secretario de Estado del Ministerio de Transición Ecológica, Hugo Morán, aseguraba que el 18.4 “no afecta en absoluto a Ence”. No obstante, aun así, fijó el mismo horizonte de permanencia en la ría que tanto teme la pastera: el año 2033. Pero el final de Ence en la ría no vendría definido por esta nueva normativa, sino por la legislación ya en vigor, concretamente la Ley de Patrimonio y por lo que decidan los tribunales en relación a la prórroga de 2016.