La Confederación Sectorial Mar-Industria creada en Galicia para intentar frenar parte del articulado de la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica lanzó ayer su última bala. Hoy se vota en el Congreso el polémico texto y el sector envió un último escrito suplicando al Gobierno y a los diputados de cuyo voto depende su futuro que “recapaciten en las consecuencias funestas que la actual redacción de la Ley para el Cambio Climático va a acarrear”. Aunque la ley no es solo denostada tanto por el sector asentado en la costa, sino que también por la Xunta, que anunció su intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional el texto si sale adelante la votación.

Según anunció la conselleira del Mar, Rosa Quintana, hay dos informes –de la Asesoría Jurídica de la Xunta y del Consello Consultivo de Galicia– que consideran “inconstitucional” la ley promovida por el Ministerio para la Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera. Por ello, Mar insistió en que los artículos 18.3 y 18.4 “aplican un efecto retroactivo que afectaría tanto a los plazos de duración de las concesiones como de las prórrogas otorgadas” a las instalaciones en terrenos de dominio público marítimo-terrestre, “lo que genera inseguridad jurídica en el sector y retrae la realización de inversiones”. De hecho, tal y como publicó FARO, hasta una docena de firmas ya se han ido o están valorando irse de Galicia.

El anuncio de Quintana, que apeló “al sentido común de los diputados gallegos” durante la votación, coincidió con la extensa nota de la industria. En ella repasan la tramitación de la norma y su afectación, mostrando “su enorme preocupación y su rechazo más absoluto” al redactado actual de la ley. A su juicio, los artículos 18.3 y 18.4 suponen una modificación “de manera unilateral, no consultada, y sin el más mínimo intento de evaluar previamente las consecuencias socio económicas que va a acarrear”.

La Confederación insistió en que el texto creará “inseguridad jurídica” al ser “deliberadamente confuso”, además de entender la reformar propuesta como “incomprensible” tratándose de sectores “sostenibles ambientalmente”. La industria recordó que llevan “año y medio” discrepando “siempre desde el rigor, la veracidad y la lealtad” y que en todo este tiempo fueron respaldados por “la gran mayoría de los grupos, agentes y representantes de todos los colores políticos”. Sin embargo, esto “contrasta lamentablemente con la actitud distante del Ministerio”, que no se reunió con ellos pese a solicitarlo “hace más de medio año”.

Por otro lado, Ribera respondió a la misiva enviada por la Xunta hace tres semanas. Según Medio Ambiente, en ella reconoce que el artículo 18.4 busca “eliminar la prórroga extraordinaria de todas las concesiones”, además de que “menosprecia” los dictámenes jurídicos gallegos. Desde la delegación provincial del Gobierno quisieron aclarar que “en absoluto se hace referencia a la eliminación la prórroga extraordinaria”, ya que “simplemente porque no se elimina”.