La Consellería do Mar comunicó el miércoles al sector del palangre de superficie el resultado de un estudio jurídico encargado a la Universidad de Santiago (USC) sobre el bloqueo del Gobierno central a la comercialización del marrajo, que determina que los afectados pueden reclamar “daños y perjuicios”.
Según la Xunta, las conclusiones del estudio señalan que el veto impuesto por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es “una decisión arbitraria y contraria al ordenamiento jurídico”, por lo que, según el Ejecutivo autonómico, “puede recurrirse por vía administrativa o contencioso-administrativa”.
“El informe incide, además, en que acreditando que esa actuación administrativa arbitraria derivó en daños económicos a la flota, existe la posibilidad de que los afectados reclamen una responsabilidad patrimonial –daños y perjuicios– a la Administración General del Estado por su actuación”, asegura la Xunta.
El Gobierno gallego explica que la flota de palangre cuenta con unas cuotas de pesca que no puede comercializar al carecer de los certificados que debe emitir Transición Ecológica para avalar su importación, tal y como es obligatorio desde la inclusión de la especie en 2019 en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites).
Según el estudio, las cuotas están “fijadas por las organizaciones regionales de pesca y la Unión Europea en base a criterios científicos”, por lo que “impedir la comercialización de las capturas no se puede justificar desde un punto de vista racional para garantizar la conservación de la especie”.
Tambié valora que en nada favorece la protección del recurso la prohibición de venta de ejemplares ya muertos y capturados en base a cuotas y “con la autorización previa de la misma Administración –el Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación– que después impide su comercialización”. Por este motivo, el informe achaca a la falta de coordinación interministerial del Gobierno y recuerda que “la pesca y la comercialización del marrajo son dos fases inseparables”; por lo que “no es constitucional ni legalmente admisible que pueda haber una completa desconexión” entre ambos requisitos administrativos.
