El PPdeG lanza una proposición no de ley para blindar la continuidad de empresas pesqueras en la costa

En el artículo 18 del proyecto de ley de Cambio Climático, que ha cosechado más de 750 enmiendas, el ministerio que comanda Teresa Ribera incluyó unos preceptos que levantaron la alarma del sector mar-industria en pleno. De prosperar la actual redacción, supondría hacer “más exigentes y discrecionales” los requisitos, a juicio de la industria, para que las empresas que ocupan terrenos en régimen de concesión en toda la costa gallega puedan continuar en sus actuales ubicaciones. En la práctica, recortaría la actual prórroga extraordinaria de hasta 40 años más de los ya disfrutados por el concesionario (hasta un máximo de 75), al computarse la prórroga desde el primer día de la concesión. Los populares gallegos, a través de una proposición no de ley, ya buscaron agitar el debate y forzar al Ejecutivo a que se replantee una iniciativa que, para organizaciones como Anfaco o Apromar, es “el mayor problema de los últimos 50 años”. La diputada viguesa Teresa Egerique ha sido la principal defensora de esta iniciativa.

De inicio, la intención de Ribera era de aprobar la normativa antes de finalizar el año 2020. Ahora, la avalancha de enmiendas ha atascado su tramitación en las Cortes. Es aquí donde el PPdeG pretende lograr su objetivo, que pasa por una “supresión o modificación sustancial” del articulado, “previo diálogo con el sector afectado”. La industria asegura no haber sido consultada por el Ejecutivo en ningún momento. Asimismo, los populares aspiran a que se “alcance un consenso para que esta y cualquier futura modificación de la Ley de Costas se emprenda tras un estudio profundo y el indispensable diálogo con el complejo mar-industria, ofreciendo un marco de estabilidad necesario para el mantenimiento de las inversiones y el empleo”.

Evasión

Como recogió FARO, un cocedero ya ha formalizado el traslado de su actividad a la costa portuguesa, y al menos otras tres empresas están preparando los trámites para hacer lo mismo. La administración lusa no pone este tipo de reparos. “¿Qué banco o inversor piensa en aportar capital a una empresa que no sabe cuánto tiempo va a estar donde tiene que estar, cerca del mar?”, ha lamentado la recién creada Confederación Sectorial Mar-Industria.El departamento de Transición Ecológica ha apuntado, en la redacción de la ley, que el objetivo último de la legislación es “lograr la plena descarbonización en el 2050”, un objetivo que persigue la propia Comisión Europea y que obliga a un cambio en el modelo económico. Lo que no entiende la nueva Confederación gallega es, “¿qué tiene que ver una depuradora de marisco, por ejemplo, con esto?”. “No se ha hecho ningún estudio previo ni consulta. Nos ha cogido a nosotros en el medio de la guerra; desde luego no conoce Galicia con normas tan absurdas como esta”, ha incidido Roberto Tito Fariña, de la Asociación de Empresarios Depuradores de Moluscos (Agade). Tal y como han abundado desde esta confederación, las empresas son conscientes de que, si se ven obligadas a irse a un polígono, lejos de la ribera del mar, no podrán continuar su actividad. “No hay un cocedero que haya triunfado apartado de la costa”.

El PPdeG asegura que la norma pone en riesgo cerca de 3.000 puestos de trabajo en Galicia, así como la paralización de numerosos proyectos de inversión debido a la falta de seguridad jurídica.