La flota pesquera gallega que faena en Namibia encara la cuenta atrás que llevan esperando más de un año. El Gobierno del país africano se comprometió a publicar antes de abril la resolución por la que se repartirán los permisos de pesca. La cifra de 5.193 interesados para los aproximadamente 120 derechos disponibles suponen el mayor y más disputado reparto desde la independencia en 1990. Las empresas gallegas que operan con más de 40 buques en el caladero permanecen en vilo desde hace más de un año por los sucesivos retrasos y, desde el pasado noviembre también por la sombra de la sospecha que pesa sobre el principal encargado de analizar las solicitudes. El anterior ministro de Pesca, Bernard Esau, se vio forzado a dimitir tras el escándalo filtrado por WikiLeaks en el que se ponía de manifiesto que el exministro recibió dinero a cambio de otorgar cuotas. Su sucesos, Albert Kawana, llegó con ganas de hacer limpieza en el Ministerio. Sin embargo, ahora los medios del país también lo sitúan en el ojo del huracán por la decisión de repartir cuotas para evitar la paralización de la flota de los permisos que habían expirado. Dicen que podría ser ilegal.
El proceso de análisis de las solicitudes, en el que participa también la Univerisdad de Namibia debería haberse cerrado a comienzos del segundo trimestre de 2019. Más tarde se retrasó para antes de que finalizase este año, desesperando a un sector pesquero que estaba pendiente de iniciar nuevas inversiones. Ya sin Esau, que en varias ocasiones había dicho que aquellas empresas que realizasen inversiones y creasen empleo no deberían estar preocupadas por el reparto, la última fecha fue la finales de su año fiscal (31 de marzo) para anunciar la decisión.
Pero todo explotó a mediados del pasado noviembre, en pleno proceso de análisis de las solicitudes. Esau anunciaba su dimisión, junto al ministro de Justicia, Sackeus Shanghala, tras la publicación del llamado Fishrot Files, un conjunto de más de 30.000 documentos fechados entre 2010 y 2016 y compartidos por un extrabajador de una pesquera islandesa, Samherji, que supuestamente habría realizado sobornos para obtener las lucrativas cuotas pesqueras de Namibia.
Los medios encargados de indagar en los archivos ( Ríkisútvarpið, Al Jazeera, Stundin o The Namibian) publicaron que los sobornos alcanzaron los 10 millones de euros y que llegaron a mover unos 150 millones en la trama en la que además de los dos ministros cayeron cuatro personas más: el yerno de Esau, Tamson Hatuikulipi, su primo James Hatuikulipi y los empresarios Ricardo Gustavo y Pius Mwatelulo.
El escándalo se destapó poco antes de las elecciones y Albert Kawana fue nombrado ministro de Pesca. En los comicios el presidente Hage Geingob (con el partido Swapo) revalidó victoria y Kawana permaneció en el cargo. En una de sus primeras acciones, decidió asignar cuotas de pesca a unas 103 personas y entidades cuyos derechos expiraron. Una medida de "emergencia" que según el periódico local The Namibian podría ser ilegal.
Citando a fuentes del propio Gobierno y de la industria pesquera, el medio señala que estas cuotas de urgencia (por valor de 140 millones de euros) no deberían ser válidas para al menos la mitad de los beneficiadas, ya que su derecho de pesca ya había expirado y no pueden ser otorgadas cuotas si no existen. "Mi decisión fue motivada por el empleo y la economía de Namibia. El gabinete me otorgó la autoridad para garantizar que no se perdiese empleo o se detuviesen las operaciones hasta que la situación se normalice el 1 de abril de 2020", se defendió Kawana.
