01 de febrero de 2020
01.02.2020

Mauritania investigará a la firma china que compite en el caladero con la flota gallega

El Parlamento del país pone el ojo sobre la actividad de Poly Hong Dong y otros grandes proyectos sobre los que sospechan que hay casos de corrupción

01.02.2020 | 01:15

El Parlamento de Mauritania, país de uno de los históricos caladeros de la flota gallega, ha creado por primera vez en su historia una comisión encargada de investigar los grandes proyectos realizados durante los dos anteriores mandatos del expresidente Mohamed uld Abdel Aziz al entender que hay sospechas de corrupción. Uno de ellos es el que tiene que ver con la expansión de la pesquera china Poly Hong Dong, que con más de 110 barcos trabajar en el caladero en el que operan arrastreros y palangreros gallegos.

La resolución sobre la creación de esta comisión fue leída por el primer vicepresidente de la Asamblea, Hamadi uld Meimou, en una sesión plenaria celebrada en la noche entre el miércoles y el jueves en Nuakchot, capital del país.

En el caso de la pesquera asiática, la comisión investigará su actividad, acusada por activistas del saqueo de los recursos pesqueros del país magrebí sin una contrapartida proporcional a su volumen de actividad.

Los programas que serán estudiados también incluyen al Fondo Nacional de Ingresos Petroleros, un fondo especial que gestiona los ingresos de los pozos petroleros en la zona offshore de Chinguit, cuya producción comenzó en 2005.

Además, estudiará las iniciativas relacionadas con el proyecto de iluminación pública basada en energía solar, el nuevo muelle de contenedores en el puerto de Nuakchot, la liquidación de la empresa pública de exportación Sonimex y la venta de un gran número de terrenos públicos en Nuakchot en circunstancias consideradas opacas y la gestión de la fundación SNIM, un fondo benéfico financiado por la Compañía Nacional de Industria y Minas, que monopoliza la extracción de las minas de hierro en el país

Una vez finalizado el informe de la comisión será aprobado por el Parlamento y se prevé la creación de una alta instancia judicial, con competencias de juzgar a los jefes de Estado acusados de alta traición.

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