El Consejo de Ministros aprobó en su reunión del martes la "declaración de emergencia climática". El texto contenía 30 puntos de acción y entre ellos figuraba la extensión de la superficie marina protegida en España hasta el 30%. La cifra, surgida del acuerdo alcanzado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), supondría triplicar las zonas preservadas en la actualidad y, en algunos casos, poner coto a la actividad pesquera. Por este motivo, la Confederación Española de Pesca (Cepesca) se opone a una medida que entienden "arbitraria". "Es necesario apostar por mejorar la gestión pesquera donde sea necesario en lugar de apostar por las prohibiciones", explica el secretario general de la patronal, Javier Garat. En la actualidad existen 81 áreas marinas protegidas y el Gobierno ya había anunciado la inclusión de nueve más antes de 2024, lo que elevaría la superficie protegida por encima del 12%.
Los países de la ONU confirmaron en 2015 su compromiso de conservar al menos el 10% de las áreas costeras y marinas para 2020. Tan solo un año más tarde, la UICN (organización medioambiental más grande del mundo) aprobó en su Congreso Mundial de la Naturaleza que se debería elevar el porcentaje hasta el 30%. Está previsto que la cifra sea discutida en la Convenio sobre la Diversidad Biológica (de la ONU) que se celebrará en China en octubre, pero el Gobierno español ya se ha adelantado incluyendo la medida en el punto número 26 de su acuerdo "ante la emergencia climática y ambiental".
"En España ya hemos superado el 10% y en lo que no creemos es en la cifra arbitraria del 30%, que nace de la presión de los grupos ecologistas", critica Garat. A juicio de la patronal, "está demostrado que da mayores frutos el tener una buena gestión pesquera que la creación de estas áreas".
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Como muestra, desde la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI) recuerdan el resultado de un estudio llevado a cabo en 2018 por su Comité Asesor Científico Técnico (el CACT, formado por una docena de investigadores expertos en biología y economía pesquera). En él, dos de sus miembros (Ray Hilborn y Serge Michel García) investigaron las áreas marinas protegidas y resolvieron que "deben ser integradas como herramientas de gestión marina" y no como una solución en sí misma, además de recordar que se deben evaluar "las repercusiones sobre la economía, el empleo y la repercusión sobre la producción mundial de pescado".
"No decimos que no deban existir, pero no puede ser solo un tema de áreas marinas protegidas", explica el gerente adjunto de ARVI, Edelmiro Ulloa. "En algunas zonas puede tener sentido, pero aplicarlo sin aval científico no tiene sentido", completa.
Para Javier Garat, la clave es lograr "un equilibrio" entre proteger la biodiversidad "y la necesidad de seguir alimentando al mundo con la proteína animal más saludable que existe y que tiene un menor impacto en la huella de carbono". Además, el responsable de Cepesca recuerda que lo habitual es que en esas áreas se prohiba la pesca de arrastre.
El noroeste español
En la actualidad, el Noroeste español cuenta con varias zonas dentro de la Red de Áreas Marinas Protegidas de España (Rampe). El mapa del Ministerio para la Transición Ecológica recoge que existen varias zonas de especial protección para las aves (ZEPA), además de una de las 24 zonas de especial conservación (ZEC) que existen en el país, conocido como El Cachucho, situada en el Cantábrico, frente a la costa este de Asturias, y que constituye la primera área marina protegida (AMP) española.
