Los socios locales de las pesqueras gallegas que capturan calamar Loligo en Malvinas han iniciado conversaciones con el Gobierno para intentar recortar el alza previsto en el precio de las licencias de pesca para este año. La polémica medida proponía una subida del 50% en las tarifas de las llamadas cuotas transferibles individuales (ITQ, en inglés), lo que provocó el enfado y la "incredulidad" de un sector que alertaba de las consecuencias económicas para las armadoras. La primera en alzar la voz fue la Asociación de Empresas de Pesca de las Islas Malvinas (Fifca, por sus siglas en inglés), que es precisamente la que ahora entabla conversaciones con la Asamblea Legislativa (órgano que dirige el archipiélago) para reducir la subida lo máximo posible. Además de presentar las consecuencias de alza acordada a través de datos y estudios, desde la asociación apuestan por repetir la tarifa de 2019, es decir, dejar el alza en solo un 5%.
El Gobierno malvino anunció la decisión el pasado noviembre en un documento en el que planteaba el mismo aumento para el caso de la merluza negra, mientras que apostaba por reducciones para las rayas (20%) y el pescado (5%). Tal y como informó FARO entonces, la legisladora (figura equivalente a la de un ministro) encargada del área de Pesca, Teslyn Barkman, recordaba que "las tarifas se revisan anualmente y se pueden reducir si es necesario".
Pese a que Barkman se refería a los años posteriores a 2020, desde la Fifca no quieren dejar pasar la oportunidad de revisar las tarifas este mismo año. De hecho, ya los días posteriores al anuncio la asociación denunció que la subida supondría un coste adicional de casi 4 millones de libras para el conjunto de los 16 arrastreros que forman la flota del calamar, es decir, unos 4,7 millones de euros al cambio actual.
Fuentes de los armadores gallegos aseguran que la reducción de ese 50% no es imposible, pero reconocen que las probabilidades son escasas debido a la decisión firme del Gobierno de Malvinas. Sin embargo, también reconocen que si ya las inversiones se habían frenado en seco debido a la incertidumbre que acompaña al proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea (las Falkland Islands está bajo el paraguas de la corona británica como territorio de ultramar), esta medida solo lo acrecienta.
En la actualidad se están construyendo dos grandes arrastreros para este caladero en las gradas de Nodosa Shipyard (el Montelourido, para Rampesca, y el Falcon, para Pescapuerta), pero hay al menos cinco proyectos más valorados en 100 millones de euros a la espera de conocer el resultado del Brexit y de la reforma de la política pesquera malvina.
Y es que además del incremento en las tarifas de las ITQ, desde el Gobierno isleño también han impulsado una malvinización de las joint venture formadas por las firmas locales y las pesqueras gallegas. Así, de cara a poder renovar los permisos de forma anticipada en 2021 (de lo contrario caducarían en 2031) el accionariado de estas empresas mixtas deberá recaer en al menos un 51% en manos malvinas. Un proceso que ampliará 15 años la duración de los ITQ (hasta 2046) y en el que las armadoras gallegas ya están trabajando.
