E l sector pesquero gallego tiene ante sí un desfiladero del tamaño, como mínimo, del que había pintado al óleo y a finales del siglo XIX Ovidio Murguía, hijo también de Rosalía de Castro. O, para no cargar las tintas, se encuentra por culpa del Brexit en una encrucijada en la que las opciones no están muy definidas. Galicia seguirá siendo una parte de los países comunitarios que van a pescar a caladeros del Reino Unido y, por tanto, deberá pagar el peaje que los británicos impongan -sea a la UE o a España, según el resultado de la negociación- por compartir aguas de su Zona Económica Exclusiva (ZEE).
Según el resultado de un informe elaborado por el Grupo de Investigación de Economía Pesquera de la Universidade de Santiago, los buques pesqueros de la UE (incluidos los británicos) desembarcan anualmente unas 650.000 toneladas en la zona exclusiva británica. El valor de estos desembarques ronda los 408 millones de libras. En otras zonas de la UE, los barcos comunitarios descargan también anualmente cerca de 100.000 toneladas por valor de 103 millones de libras en el mismo período de tiempo. Galicia, es evidente, no puede renunciar a ninguna de ambas cuestiones. La salida a cualquiera de los planteamientos está en la lectura que el Reino Unido realiza de esa evidencia: los barcos comunitarios pescan en buena medida en caladeros británicos (Escocia, Irlanda del Norte, Gales e Inglaterra) y lo hacen siete veces más en peso y cuatro veces más en valor que los británicos en aguas de la UE. Más claro: los buques de pesca comunitarios capturan en caladeros del Reino Unido el 58% del total de la pesca desembarcada del propio Reino Unido. Y un 51% de esa pesca realizada por embarcaciones de la UE en aguas no británicas procede del área escocesa. El 49% restante lo hace en la ZEE inglesa, galesa y norirlandesa. Si tenemos en cuenta que la mayoría de los barcos comunitarios en aguas británicas son españoles y que estos tienen base en puertos gallegos (especialmente en los de Vigo, Ribeira, Burela y A Coruña) se puede aventurar que cualquier negociación que se lleve a cabo entre la UE y el Reino Unido o de este con España, repercutirá sí o sí en la Comunidad Autónoma de Galicia. Para bien o para mal es lo que está por ver. De cualquier manera y a expensas de los acuerdos a los que se pueda llegar en un todavía largo período negociador, la comunidad gallega encara la planificación de un nuevo escenario para el que, por mucho que se diga lo contrario y por más que se ha hablado al respecto, no está preparada.
El impacto de la salida del Reino Unido del ámbito de la Unión Europea sobre la pesca gallega hay que comenzar a evaluarlo a partir de la repercusión que en los barcos comunitarios con base en Galicia va a tener la marcha de la economía. Aquí va a repercutir, tarde o temprano, la acción de las puertas que los británicos dejen abiertas para que la flota española -casi en su totalidad gallega, recordemos- acceda a sus caladeros y por cómo se conforman, si se llega a ello, las Organizaciones Regionales de Pesca (ORP), tal y como refleja el antedicho informe de la USC sobre el papel que desempeñan los importadores, comercializadores, transformadores y quienes se ven en la necesidad de padecer sus efectos (por ejemplo en la gastronomía).
En cuanto el Reino Unido disponga de una legislación propia que establezca el camino a seguir en un procedimiento negociador con todos y cada uno de los países ahora integrantes de la UE, deberán discutirse las condiciones del acceso. No todo sirve en la oferta de plazas de pesca, aunque es evidente que los años de relación y hasta buena vecindad en el seno de la Unión Europea han ido conformando modos y maneras de encuentro entre iguales y modelando comportamientos en unas aguas que, se quiera o no, han generado sinergias que difícilmente podrán dejar de lado los isleños.
Igualmente difícil va a resultar para Galicia prescindir de la negociación en ocasiones multilateral, fiando la misma a lo que la UE haya diseñado a tal fin. Y es que no todo el encaje comunitario sienta bien a la figura gallega del sector pesquero.
Frente a los intereses británicos en materia pesquera están en primer lugar los que corresponden por proximidad a países que se mantendrán en la Comunidad (Dinamarca, Bélgica, Francia, Alemania, Holanda y, quién sabe, Escocia cuyos representantes han solicitado la celebración de un nuevo referéndum para decidir sobre su continuidad como parte integrante del Reino Unido) y que de facto se verán obligados a una especie de reparto de bienes tras el divorcio que obligará a despejar esa especie de incógnita que es posicionarse como integrantes del sector comunitario en aguas británicas o británicos en aguas comunitarias.
El panorama a un año vista no está, ni mucho menos, despejado para Galicia: sus intereses pesqueros chocan, en primer lugar, con los del sector británico; pero no se pueden desdeñar los que corresponden a los Estados miembros más próximos a los caladeros británicos y que, a su vez, no rechazan acercar sus unidades pesqueras a, por ejemplo, el caladero nacional Cantábrico Noroeste donde no es raro, ni mucho menos, ver las evoluciones de barcos con bandera de Portugal, Francia, Irlanda, Holanda, etc. Los augures pronostican dificultades para nuestra flota pesquera. Lo sabremos, probablemente, en un plazo máximo de un año.
