Malvinas quiere que la acuicultura se convierta en una importante "fuente de ingresos" que se sume al sector pesquero, al ovino y al turismo. Para ello, el Gobierno isleño ha encargado un estudio para valorar la viabilidad de este tipo de industria a gran escala en sus costas. Esta es una de las primeras tareas que tiene por delante la nueva responsable del departamento de Recursos Naturales, Andrea Clausen (sustituyó recientemente a John Barton), cuyo primer paso será valorar los requisitos políticos, reglamentarios y técnicos para valorar si se puede llevar a cabo de manera segura. Según fuentes de los armadores vigueses consultados, el desarrollo de esta industria es complicada y explican que de concretarse sería "a largo plazo", en sintonía con lo que detalló la responsable pesquera del país, Teslyn Barkman, en la información desvelada por el medio local Penguin News. Lo que siguen temiendo más es el aumento de los precios de las licencias de pesca (un 50%), que según sus socios locales supone "apretar más las tuercas al sector".
Según indicó la propia Clausen, el proceso durará al menos dos años y para ello estudiarán "las mejores prácticas para la protección del medio ambiente y la gestión sostenible" a nivel mundial. "Es fundamental que hagamos nuestra propia evaluación de lo que se requiere, independientemente de cualquier propuesta particular de la industria", apuntó por su parte Barkman al mismo medio.
Fuentes del sector concretan que la acuicultura ya existe en las islas, pero no a gran escala, que según Clausen será algo "nuevo". Sin embargo, recuerdan que hay otros proyectos de envergadura a largo plazo como es el del nuevo puerto.
De concretarse en el futuro, supondría un paso más en la revolución que está desarrollando Malvinas en materia marítima y a la que se suma la normativa que busca que las firmas de la isla sean las que detenten al menos el 51% de las joint venture formadas con armadoras gallegas. Esta medida afecta los 16 grandes arrastreros gallegos que se dedican a pescar calamar ( Loligo) en el caladero y sus socios locales no paran de alzar la voz contra la decisión de su Gobierno. El último fue Stuart Wallace, responsable de Fortuna Ltd., que no cree que la medida surja de un "análisis meticuloso" como defendió Barkman.
