Casi un año después de la entrada en vigor de la obligación de desembarque, el pasado 1 de enero, la aplicación de la normativa continúa como un motivo de preocupación para el sector. La Cooperativa del Mar Santa Eugenia organizó ayer una jornada en la que representantes del sector, las administraciones pesqueras y los científicos coincidieron en la necesidad de colaborar para conseguir que el cumplimiento de esta norma no afecte a la rentabilidad de la actividad pesquera.
"Aunque el objetivo es muy loable, la legislación no se adapta al sector y puede constituir una amenaza para su futuro", advirtió Mercedes Rodríguez, directora xeral de Pesca de la Xunta. En su opinión no es fácil cumplir la obligación de desembarque "por la ineficacia del actual sistema de TAC de la Unión Europea que se basa en desembarques y no en capturas. En Gran Sol, la captura de un kilo de bacalao cuando no se tiene cuota puede suponer el cierre definitivo de la pesquería".
La representante de la administración gallega recordó que "en Galicia en pesca fresca tenemos 270 especies comercializadas; eso quiere decir que a un pescador gallego le repele, una vez capturado el pescado, tener que tirarlo al mar". "Es un orgullo encontrar salida comercial a todo lo que capturamos", subrayó. "Pero eso no quiere decir que no necesitemos más cuotas o sacar del sistema de TAC y cuotas algunas especies. Debemos trabajar juntos para afrontar esta obligación de desembarco", añadió.
Rafael Centenera, subdirector general de Caladero Nacional y de Aguas comunitarias del MAPA, destacó que la administración española ha conseguido flexibilidades en la aplicación de la normativa, y que trabaja para avanzar en esta línea. Centenera insistió en la necesidad de que el sector y la administración vayan de la mano para lograr mejores resultados en Bruselas.
El científico gallego e investigador del Instituto Español Oceanográfico (IEO) Julio Valeiras señaló que "la colaboración del sector es fundamental para elaborar los informes técnicos que justifiquen las exenciones a la obligación de desembarque". En su charla titulada Reducción de descartes pesqueros: La obligación de desembarque y el asesoramiento científico de IEO, Valeiras explicó a los armadores presentes en la jornada los estudios realizados en coordinación con la Secretaría General de Pesca sobre mejora de la selectividad de los artes y la alta supervivencia de determinadas especies, una vez capturadas, que una vez validados por Bruselas resultan en mejoras para el sector.
Los descartes ofrecen muchas posibilidades de aprovechamiento una vez en tierra, pero tampoco es fácil desarrollar alternativas concretas. "En Galicia hay una industria transformadora muy potente para valorizar descartes, y es importante tenerlo en cuenta porque no siempre va a ser rentable invertir en una instalación específica en los puertos. Lo lógico es que el volumen de descartes tienda a disminuir", apuntó Ricardo Pérez Martín, Investigador del Centro Superior de Investigación Científicas (CSIC).
Los descartes pueden ser utilizados para la fabricación de harinas y aceite de pescado, pero también para productos de mayor valor comercial como pastas de pescado, alimentos para mascotas o incluso productos farmacéuticos. Pero, como advirtió el investigador, "cualquier proceso de transformación de descartes requiere un volumen mínimo y el aporte continuado de materia prima". Por ahora y a falta de otras alternativas, según la normativa, serán las autoridades portuarias las encargadas de garantizar su recogida y tratamiento. A la jornada sobre descartes asistieron medio centenar de armadores de los puertos de Ribeira, Portosín y A Coruña. Se trata de la primera actividad realizada por la Sociedad Cooperativa del Mar Santa Eugenia tras su reconocimiento oficial como organización de productores pesqueros, la número 83. "Decidimos organizar esta jornada para analizar todos los aspectos que conlleva esta normativa porque afecta a la rentabilidad de las empresas; y hay que impulsar la colaboración entre el sector, la administración y los científicos para una mejor aplicación de la normativa", subrayó María José Casais, directora gerente de la recién constituida OPP 83.
