Las tensiones en el Gobierno de Namibia continúan a raíz de la mina de fosfato que se pretende llevar a cabo en pleno caladero en el que operan más de 40 barcos de capital gallego. Si primero fue el presidente del país, Hage Geingob, el que envió una misiva a sus ministros para presionarlos a tomar una decisión sobre el certificado ambiental del proyecto, ahora es el ministro de Medio Ambiente. Según explica, es la justicia la que tiene la última palabra debido a que tres asociaciones del sector pesquero (y una armadora) reclaman que la licencia otorgada en 2011 a la minera minera Namibian Marine Phosphate (NMP) ha expirado. La vista está prevista para el próximo 10 de septiembre y en ella tendrán que declarar el propio Shifeta, así como el comisario ambiental del Gobierno. El ministro entiende que tiene sus manos "están atadas", a la vez que denuncia las presiones desde la firma impulsora. "Los inversores no nos presionarán sobre cómo hacer nuestro trabajo", sentenció.
El principal diario del país, The Namibian, vuelve a ser protagonista al publicar también la carta de Shifeta, obteniendo la confirmación del propio ministro sobre su veracidad. En el texto, publicado el pasado jueves, el diario recoge que para el ministro su trabajo finalizó cuando en junio de 2018 decidió poner en suspensión el certificado ambiental que previamente había otorgado a NMP. En aquel momento alegó que no había confianza "en la independencia de los informes científicos" de la minera.
A partir de aquel momento se abrió otro "proceso de consulta" entre las partes afectadas (como la industria pesquera), que concluyó el pasado diciembre. "Sin embargo, este proceso ha sido interrumpido por otra solicitud judicial, que desafía el procedimiento que se siguió para la licencia minera", comenta el ministro.
Por otro lado, Shifeta negó sentirse presionado por parte del responsable de la Administración, si bien sí quiso mandar un recado a su colega del Ministerio de Minas. "Parece que en ese entonces no sabían las implicaciones del fosfato marino, especialmente teniendo en cuenta el hecho de que no tenemos una posición oficial como gobierno cuando se trata de fosfato", señaló.
Más presiones
El ministro de Medio Ambiente por parte de la minera, creada por el millonario omaní Mohammed Al Barwani (85%) y el namibio Knowledge Katti (15%), al que en el país relacionan con el propio presidente del Gobierno. "Les dije que este asunto es sub judice [pendiente de resolución judicial]. Lo siguiente que escuché es que le escribieron al presidente pidiéndole ayuda. Parece que no estaban contentos con mi respuesta", concretó.
Según el mismo medio, Al Barwani escribió el pasado marzo a Hage Geingob señalan que "no hay bases legales" para paralizar su proyecto, que abarcaría una área de 2.233 kilómetros cuadrados y que se desarrollaría durante los próximos 20 años. Amenazó también con emprender acciones legales, algo que finalmente llevó a cabo a inicios de este verano, denunciando la inacción del Ministerio de Medio Ambiente.
En el texto también indicó que NMP ya invirtió 1,1 mil millones de dólares namibios (unos 65 millones de euros al cambio actual).
