La Comisión Europea urge a Irlanda para que realice una investigación interna y verifique si se están cumpliendo las normas de la Política Pesquera Común (PPC). En concreto, Bruselas da tres meses a las autoridades del país tras haber detectado fallos en una auditoría llevada a cabo el año pasado en el puerto y de Killybegs, situado al norte y uno de los que emplea la flota gallega de Vigo, A Coruña o Celeiro que faena en el caladero de Gran Sol.
Según publica The Times, esta investigación debe "evaluar" la "capacidad de Irlanda para aplicar las normas". El medio recoge que la Comisión Europea urge la medida tras "las debilidades severas y significativas detectadas en el sistema de control irlandés durante una auditoría realizada por la Comisión en Irlanda en 2018".
Entre aquellos fallos hallados están los relacionados con el pesaje de las capturas -principalmente de especies pelágicas- o con el registro erróneo de las capturas. Junto a ello, The Times también señala que el sistema de sanción es "inadecuado e ineficaz", así como un falta de control de las capturas de atún rojo por parte de la flota de pescadores recreativos.
El Puerto de Vigo ya había mostrado su preocupación en una misiva enviada al ministro de Agricultura, Alimentación y Mar de Irlanda, Michael Creed, en marzo de ese año. Y es que la Autoridad Portuaria había mostrado a Irlanda su preocupación ante la intención de algunos armadores de apostar por puertos irlandeses y derivar allí el trabajo que ahora desenvuelven en Vigo.
De hecho, Irlanda cuenta con un plan para hacerse con las capturas que se venden en la lonja de Vigo, para lo que está realizando fuertes inversiones para mejorar sus instalaciones portuarias, como sucede en el caso de Castletownbere, en donde ampliará en 216 metros el atraque y sumará 9.000 metros cuadrados de almacenamiento.
