El sector pesquero gallego rechaza el proyecto de orden con el que se busca regular los intercambios de cuotas y la gestión de las posibilidades de pesca. A través de las alegaciones enviadas a la Secretaría General de Pesca, las principales asociaciones y organizaciones pesqueras de la comunidad -y del resto de España- han pedido desde cambios sustanciales hasta una enmienda a la totalidad, como ha hecho la Confederación Española de Pesca (Cepesca). Entienden que la orden "se excede en su rango competencial" y que lo lógico sería desarrollar los cambios propuestos a través de un Real Decreto o a través de la modificación de la propia Ley de Pesca Marítima ( 3/2001).

El proyecto de orden, adelantado por FARO el pasado domingo, tiene como objetivo que los buques no tengan que amarrar por el agotamiento de las posibilidades de pesca o por el efecto de la normativa comunitaria que desde el pasado 1 de enero prohibe el descarte pesquero en aquellas especies sujetas a cuota. En base a ello propone nuevas medidas relativas a los intercambios de cupos tanto a nivel nacional como comunitario, así como otras medidas.

Desde el sector señalan que "la postura de rechazo es unánime" y que la orden "no vale", empezando por "los 39 párrafos del preámbulo", que entienden que corresponden más a una Ley que a una orden ministerial. "Hay muchos temas de calado y afirmaciones que constituyen en sí mismos una política que debe ser llevada al Parlamento español para su discusión", explican fuentes de los armadores vigueses.

Tanto desde Cepesca como desde otras asociaciones del sector se han planteado una serie de alegaciones artículo a artículo. Así, sobre el "mecanismo" para redistribuir de oficio cuotas sin consumir a partir del 1 de octubre, el sector pide que se aclare cómo se llevará a cabo y piden que toda distribución se haga acorde a la Ley de Pesca. Además, creen que "no sería coherente" que los cierres de pesquería se hiciesen al llegar a un consumo del 90%, como se plantea.

De igual forma, también alegan que las cuotas de jurel o bacaladilla del norte deben usarse, por orden, para cubrir la obligación de desembarque (norma de descartes), los posibles estrangulamientos ( choke species) en Gran Sol o la obtención de otras cuotas objetivo.

Mayor reticencia

Sin embargo, es en los intercambios de cuotas en donde el sector ha mostrado una mayor reticencia. En el caso de las transmisiones temporales, entienden que la norma contradice a la Ley 3/2001 y recuerdan que todas las flotas deben poder disponer del mismo margen de flexibildad con sus cuotas asignadas de forma individual.

En lo tocante a los intercambios definitivos, piden revisar los porcentajes mínimos exigibles a los buques tras una transferencia, el límite temporal para la resolución de las solicitudes (30 días), eliminar apartados que "limitan el margen de maniobra e impide la reestructuración" en los segmentos en los que hay "sobrecapacidad" y recuerdan que las bajas del censo ya están reguladas -una vez más- por la Ley de Pesca.

Por último, en el caso de los intercambios con flotas de otros Estados miembro, el sector pesquero pide coordinación con las empresas en función de sus necesidades "con tiempo suficiente" y que la distribución de las cuotas obtenidas sea acorde con las detraídas a cada empresa. Además, creen que el derecho de tanteo debe ser aplicable a cuotas en las que España es deficitario y que el mecanismo "debe ser claro, ágil y transparente".