La Comisión Europea planea iniciar la instalación de cámaras a bordo en la flota de cada país que participa en pesquerías de Gran Sol y Mar del Norte en las que hay especies que necesitan un mayor control. Bruselas planteó de forma oficial esta medida a los Estados miembro el pasado diciembre durante la negociación de las cuotas pesqueras para este año, pero la reticencia de los gobiernos a instancias de sus respectivos sectores frenó la aplicación de la medida. Según ha podido saber FARO, la intención es que la implementación de este sistema de monitoreo remoto comenzase en un 25% de la flota este mismo año y fuese progresivo hasta 2021, "en base a análisis de riesgo". En un primer momento se aplicaría para controlar las capturas de platija, ochavo, lenguado, carbonero o pejerrey, especies para las que los científicos recomendaron establecer una cuota cero, es decir, que no se podrían capturar.

Tanto la Comisión Europea como la Agencia Europea de Control de la Pesca (EFCA, en inglés) han manifestado en diversos foros -como la Conferencia Internacional de Observadores y Monitoreo en la Pesca, que acogió Vigo el año pasado- y reuniones que es la mejor medida para el control pesquero, sobre todo en el caso de los descartes, prohibidos desde el pasado 1 de enero. Así se lo fueron trasladando a los diversos países hasta que, finalmente, se planteó que fuese oficial el pasado diciembre.

El texto presentado que los países consiguieron frenar afectaba a España, Francia, Reino Unido, Irlanda, Holanda y Bélgica. "Los Estados miembro emprenderán todas las medidas de control necesarias para asegurar la completa documentación de las capturas, en particular implementando el monitoreo electrónico remoto para flotas que tienen by catches de cinco especies para las que el ICES [Consejo Internacional para la Exploración del Mar] ha recomendado capturas cero en 2019", estipulaba. Estas especies a las que hace referencia serían el carbonero, lenguado, platija, ochavo o pejerrey, además del bacalao en la Zona VI (al oeste de Escocia).

"Estas medidas se implementarán de forma progresiva hasta finales de 2021 basándose en análisis de riesgo. Los Estados miembros afectados se asegurarán de que para el final de 2019 al menos un 25%", figuraba en la propuesta.

La flota pesquera gallega siempre se ha mostrado en contra de este tipo de controles alegando que viola la intimidad de los trabajadores y también de la confidencialidad de cada empresa armadora. Esta reticencia se plasmó en un informe del Consello Galego de Pesca, en el que hablaban que instalar los Circuitos Cerrados de Televisión (CCTV) causaría un "grave menoscabo de la privacidad" de las tripulaciones. Pese a ello, también reconocen que, tarde o temprano, se verán obligados a que la videovigilancia controle sus capturas. "Resistiremos hasta donde podamos", explican ayer fuentes de los armadores de la ciudad, que también explican que las últimas informaciones que manejan señalan que las cámaras enfocarían solo a la zona de los descartes, salvaguardando de esta forma la privacidad.