La dirección de la Autoridad Portuaria de Vigo y de la Federación de Usuarios del Puerto (FUPV) se han citado hoy para tratar en una reunión la anunciada subida de las tasas de ocupación de los locales de exportadores y comercializadores. El presidente del Puerto Enrique López Veiga anunció el encuentro ayer por la mañana e insistió en que el alza no es negociable. Por su parte, la directiva de la federación de usuarios de O Berbés se reunió por la tarde y fijó una postura: o el aumento de las tasas se aplica de forma gradual, como ya reclamaron, o se paraliza.

Los principales afectados por la subida se citaron para analizar la propuesta de Veiga y plantear la postura. El presidente de la FUPV, Enrique Mallón, explicó que la situación "es complicada" y que acudirán a la cita con el Puerto para "intentar que esta aplicación de tasas que se reflexione y se reconsidere". "Es un alza muy difícil de asumir", comentó el también secretario general de Asime.

López Veiga aseguró ayer tras una rueda de prensa que la necesidad de aplicar la subida fue trasladada a la FUPV durante una reunión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. Ante las críticas de la federación respecto a una falta de comunicación con el presidente, este último insistió en que no es necesario que esté presente en todas las reuniones.

Sobre el gravamen, Veiga comentó que el coste de los locales es inferior al coste de una vivienda del mismo tamaño en la ciudad olívica, por lo que consideró que el incremento de la tasa de ocupación no afectará a la rentabilidad de las empresas.

Mientras, Mallón insistió en que el alza de "hasta el 158%" es "inasumible" y que "las asociaciones nunca lo van a ver con buenos ojos". "Creemos que sí es posible una aplicación progresiva y no inmediata", señaló el presidente de la federación.

Sin embargo, Veiga ya comunicó en su momento que la aplicación paulatina no se está entre los planes previstos y que el Puerto "no moverá ni un milímetro" la subida de las tasas, sobre la que ayer también recordó que supondrá un coste inferior al aplicado hasta 1993.

De esta forma la reunión en la sede de la Autoridad Portuaria se antoja como clave. Desde la federación los tienen claro y avisan que si el Puerto sigue en las mismas "se emprenderán acciones judiciales, pero sobre todo institucionales".