El presidente de la República de Uruguay, Tabaré Vázquez, ha firmado el decreto por el que se amplía la zona de influencia del puerto de Montevideo, fijada hasta la fecha por una normativa del año 1909. "La planificación portuaria prevé la expansión y desarrollo [del puerto] hacia esa zona, por lo que corresponde ampliarla para incentivar en el futuro el desarrollo de proyectos portuarios". En realidad ese "futuro" y sus "proyectos" ya están determinados; allí se instalará una megabase logística promovida por la firma china Shandong Baoma Fishery Group, con la que dará servicio a la flota que opera de forma irregular frente a las costas de Argentina y Falkland Islands (Malvinas). La infraestructura, que se asentará sobre una superficie de 28 hectáreas, está preparada para atender a 500 pesqueros al año.

El proyecto tendrá un coste de 250 millones de dólares -superior al estimado hace dos años, cuando se presentó-, y será colosal: dos muelles de 800 metros, un astillero de reparación, una factoría de transformación de pescado, otra de harina, una más de hielo, un depósito de combustible de 20.000 toneladas, un campo de estiba para contenedores, edificio de oficinas y habitaciones para la plantilla. La industria pesquera argentina -las firmas de capital gallego operan allí más de medio centenar de barcos- considera que Uruguay brinda así al capital chino la capacidad de instalarse definitivamente en el Cono Sur al margen de cuotas y minorando la capacidad de pesquerías como la de merluza o pota (la de langostino es olímpica, no sujeta a TACs). Solo en la pesquería de pota el Ejecutivo de Buenos Aires ha cifrado en 260 los barcos que operan sin control frente a sus 200 millas de dominio marítimo.

"Hay gran cantidad de barcos pesqueros trabajando en el Atlántico Sur, y cada dos años deben regresar a China para ser reparados por completo, eso es muy costoso. Por eso es necesario construir en un país de la región un puerto que sirva de base de pesquería", resumió el presidente de Shandong Baoma, Jiang Hongiun. La de este holding es una estrategia similar a la emprendida por Pekín -con cargo a fondos públicos- en toda la cornisa Atlántica de África, donde ha ejecutado o programado inversiones portuarias por 3.300 millones de euros, como publicó FARO.

"La decisión del Poder Ejecutivo de Uruguay de ampliar la jurisdicción del Puerto de Montevideo, se hace a medida de la flota pesquera china", arremetió el especialista en pesca ilegal Milko Schvartzman al digital Revista Puerto. "Debido a que, según la Constitución de Uruguay, la construcción de un nuevo puerto requiere aprobación de dos tercios del Parlamento, el Gobierno se saltea esa instancia mediante el artificio de decir que la construcción de un nuevo puerto es parte de otro ya existente a 10 kilómetros, algo inverosímil", zanjó.