El último día de agosto del año pasado el palangrero Virxen da Blanca fue retenido en Irlanda acusado de haber separado las aletas del tiburón capturado de sus respectivos torsos. Pese a que negaron haberlo hecho (está prohibido), el Gobierno irlandés procedió a imponer la entrega de un aval de casi 340.000 euros mientras no se celebrara el juicio. Con el paso de los días se conoció que la tripulación había cortado las extremidades secundarias de la tintorera (no las principales), una práctica que se lleva a cabo de forma habitual en la flota española y lusa al tener un escaso (o ningún) valor y favorecer la operativa a bordo. Sin embargo, tras el arresto del Virxen da Blanca la flota gallega ha dejado de cercenar cualquier aleta de tiburón a bordo, pese a que la decisión genera más costes en tierra, más peligrosidad en la descarga y más dificultades en el barco.
Bruselas prohibió el cercenamiento de aletas en una polémica normativa que entró en vigor en 2013. Pese a las airadas quejas del palangre español y portugués, la norma comunitaria salió adelante y los costes para la flota se dispararon. Según calculó la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI) en 2015, cada palangrero tuvo que afrontar unos costes de casi 33.000 euros por marea que antes no tenían. Además, este segmento de flota perdió 20 buques en los cinco años de aplicación de la normativa comunitaria, perdiendo un 10% de capacidad.
El caso del Virxen da Blanca -todavía sin resolver- ha supuesto un nuevo punto de inflexión para el sector. El temor a sufrir un proceso judicial similar al que trajo consigo el caso en el puerto de Castletownbere llevó a que las principales organizaciones diesen la voz de alarma y recomendasen a sus asociados el "cumplimiento estricto" de la norma para evitarse problemas. Esto pasa por no cortar ni las aletas dorsal, pectoral y caudal (como se venía haciendo hasta ahora) ni las anales, dorsales posteriores o ventrales (de menor tamaño y valor).
Sin embargo los armadores están "indignados" con una situación que creen "incomprensible". Si bien reconocen que yendo al texto de la normativa no hay diferenciación entre una aleta u otra, en la práctica la situación no fue así desde la entrada en vigor hace más de un lustro. Según fuentes de los armadores de Vigo, A Guarda y Lugo, estas aletas "son muy pequeñas" y no se pueden cortar levemente y pegar al cuerpo como se hace -de forma legal- con las más grandes. Al tener que congelarlas adheridas al cuerpo, estas extremidades "se convierten en cuchillas" y suponen un peligro a la hora de la descarga, además de generar un mayor coste porque también deben ser separadas del tronco en tierra para que no se devalúe la pieza.
El "clima" irlandés
Irlanda decidió abrir el procedimiento de sanción al Virxen da Blanca justo en un verano con un clima convulso por dos motivos: la misiva enviada desde Vigo sobre la preocupación de los controles pesqueros en sus puertos y la auditoría de Bruselas que acabo con un tirón de orejas tras hallar deficiencias al aplicar normas y sanciones. Desde el sector acusan al país de "excederse a la hora de aplicar esta normativa" y recuerdan que desde su aplicación nunca hubo problemas por cortar estas aletas.
Del mismo modo, las mismas fuentes señalan que "no hubo otros casos" tras este arresto y que "hubo discrepancias" en la propia Administración española por la medida adoptada por Irlanda. Desde la Secretaría General de Pesca no han enviado por el momento ninguna comunicación al sector, pero las asociaciones gallegas ya han tomado precauciones.
