La Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea (DG Sante) volverá a realizar una auditoría de la industria transformadora de atún en España, principalmente asentada en Galicia, con el objetivo de verificar in situ cómo se han implantado las medidas diseñadas para prevenir fraudes y alertas alimentarias. Así consta en el plan de trabajo de este organismo para 2019, que incluye también un examen a la industria italiana y a dos exportadores de túnidos: Ecuador y Colombia. No figura en este plan una inspección a ninguno de los países de los que han saltado alertas por histaminosis en los últimos seis meses, según el sistema de alerta rápida para alimentos y piensos (Rasff, por sus siglas en inglés): Francia (cinco de nueve), Maldivas, Vietnam, Marruecos y Croacia. Aunque no han existido alertas de productos procedentes de España e Italia, la DG Sante incide en su planificación que la selección de productos y países a auditar "se basa en el riesgo", y que quiere dar seguimiento a "brotes recientes".

Fuentes del sector han explicado que este examen estaba "previsto", precisamente para analizar el plan de acción del Gobierno después de la auditoría que Bruselas ya realizó a la industria en 2017, una prueba que el sector vinculó a la presión ejercida por países competidores como Francia o Alemania. Entonces la DG Sante amagó con prohibir la venta de atún congelado en salmuera para uso no conservero y puso en jaque la continuidad de 500 empleos en Galicia. "En España en concreto -continúan las mismas fuentes- vendrán a verificar la implantación del plan de acción" que la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) trasladó al Ejecutivo comunitario.

Entre las medidas planteadas figura la ejecución de una intensa auditoría para evitar que lleguen al mercado productos congelados de forma incorrecta, coloreados para modificar su aspecto y vendidos como frescos cuando solo debieran destinarse a la producción en conserva. También incluye un examen del grueso de la flota atunera española (estará lista antes de 2020) para determinar cómo congela el pescado, a qué temperatura, cómo lo mantiene a bordo y cuánto pesca cada buque. Es un test que ni siquiera figura en la normativa comunitaria y que tampoco se aplica a barcos de otros países, que venden también atún a la industria europea.

El informe final realizado por la DG Sante tras la auditoría realizada a España -con visitas a fábricas gallegas- admite que "la propia legislación actual de la UE no permite distinguir" los métodos de trabajo a bordo de la flota. Pero, pese a todo, sí reprueba a las autoridades españolas que no sean "capaces de determinar qué buques cerqueros pueden cumplir" con ese requisito de congelar a más de -18º, cuyo producto es más barato para la industria. El mecanismo que ha diseñado el Gobierno español -a desarrollar por el Ministerio de Pesca, Sanidad, Economía y las comunidades autónomas- será por tanto más exhaustivo que el que se aplica a día de hoy en el conjunto de la Unión Europea.