"Estamos a unas semanas de una catástrofe económica y humana, esta es la realidad si no hay un acuerdo para el Brexit". Las palabras las pronunció este jueves el presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, tras otra infructuosa reunión de la cúpula del Ejecutivo comunitario con la premier Theresa May. Faltan 45 días para que Reino Unido deje de ser miembro de la Unión Europea, y también pueden faltar 45 días -si no se ratifica el acuerdo de desconexión (o withdrawal agreement)- para que a la flota que opera en Gran Sol le suceda lo mismo que a principios de los 80, cuando se extendió la soberanía marítima a 200 millas por los Estados ribereños. O para que el pescado procedente de territorio británico -tanto el de Malvinas como el de Gran Sol- tenga la consideración de un producto importado de un tercer país; como si procediese de las Seychelles, pero a un viaje de camión de distancia. El Brexit duro, o Brexit sin acuerdo, llama a la puerta del sector pesquero sin que se hayan activado de momento los planes de contingencia diseñados por Bruselas.
Si este escenario se produce, "la flota comunitaria debería salir de aguas de Reino Unido del mismo modo que la flota británica de las aguas comunitarias, incluida la compuesta por capital español", expone la web activada por Moncloa. Son nueve los buques de capital vigués que operan a día de hoy en aguas de Gran Sol, que quedarían afectos a la imposición de aranceles de hasta el 8%. Es un gravamen que la flota de fresco, dicen, no se puede permitir porque no puede "repercutirlo" en la venta final al ser mediante subasta. La flota que descarga en suelo irlandés -la mayoría del pescado que se vende en Vigo desde este caladero llega en camión- también pasa por suelo británico, al menos que active líneas de transporte marítimo directas desde Irlanda. Pese a que el Gobierno de Dublín ha validado fuertes ayudas a la mejora de sus instalaciones portuarias -Castletownbere acaba de recibir 23,5 millones-, no están habilitadas a priori para este tipo de conexiones. El puerto de Vigo se prepara ya para un Brexit duro, con un espacio en la lonja diseñado para los barcos de pabellón británico.
Para evitar la expulsión del caladero de los buques no británicos y suavizar el impacto de un Brexit duro la Comisión Europea ha redactado una propuesta para que los barcos mantengan el actual statu quo hasta el 31 de diciembre, y mantener así el reparto de cuotas. No ha sido refrendado todavía, aunque la presión del bando de los llamados brexiters (a favor de la salida de la UE, incluso sin pactar) no será poca para May. Ni del lado de los escoceses o del colectivo Fishing for Leave, que augura un rico excedente de posibilidades de pesca para la flota británica (que vende mayoritariamente, eso sí, a clientes europeos, y aunque Reino Unido carece de acuerdos comerciales con otros países para darle salida a través de otros mercados). "Con la política adecuada en la (fase) post Brexit, que rectifique los fallos de la Política Pesquera Común, Reino Unido puede convertirse en un líder mundial", exhortó este colectivo justo después del último viaje de la premier a Bruselas.
Tampoco se ha activado el segundo pilar de la propuesta comunitaria, que pasa por la disposición de fondos para los barcos que sean expulsados de los caladeros y no tengan alternativas para operar. No serán adicionales a los que ya tiene asignados España dentro del Fondo Europeo Marítimo Pesquero.
